La responsable del área de la Alta Inspección Educativa en Cataluña, Josefa Beltrán Bertomeu, ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que sólo puede solicitar información a las autoridades educativas de la Generalidad sobre el cumplimiento del fallo del 25% de español en la enseñanza obligatoria, a pesar de que en el auto en el que el tribunal daba un plazo de quince días para aplicar la sentencia en las enseñanzas primaria y secundaria se encargaba a la Alta Inspección la verificación del cumplimiento de la sentencia.
Josefa Beltrán aduce que "hay reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional" que constriñe las funciones de la Alta Inspección, limitada a pedir información y documentación. Es decir, que los dos inspectores con los que cuenta el Estado para toda Cataluña no pueden visitar los centros educativos para comprobar si la sentencia se aplica o no. De hecho, la Alta Inspección ha añadido en su respuesta al TSJC que dicha jurisprudencia fija que "el poder de vigilancia no puede colocar a las comunidades autónomas en una situación de dependencia jerárquica respecto de la Administración del Estado, pues tal situación no resulta compatible con el principio de autonomía".
Instrucciones claras
Sin embargo, las instrucciones del TSJC eran claras y requerían de la Alta Inspección "verificar el cumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia dictada en estas actuaciones en el conjunto del sistema educativo de Cataluña, informando al tribunal de la actividad desplegada y de la situación constatada a la finalización del plazo de ejecución señalado".
Dicho plazo acabó el pasado 31 de mayo y ahora la Alta Inspección ha remitido al TJSC el mismo material y recursos que la propia Generalidad hizo llegar al tribunal. Tal documentación recogía el nuevo decreto del Govern que prohíbe la aplicación de porcentajes en la enseñanza de las lenguas y la "imposibilidad", por tanto, de cumplir con el fallo. Al respecto, Beltrán alega que "se carecen de más elementos y materiales que pudieran permitir otro conocimiento de la situación y su comparación con la dispuesto en la sentencia".
Igual que el Gobierno
En definitiva, que la Alta Inspección del Estado no asume la verificación del fallo, lo que para la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que denuncia la marginación del idioma español, es una "tomadura de pelo" y una "burla".
La comunicación de la Alta Inspección al TSJC se produce después de que el Gobierno haya desistido del cumplimiento del fallo al tiempo que el PSC impulsaba en Cataluña la elaboración de una "ley de usos lingüísticos en la enseñanza" que ratifica el decreto de la Generalidad contra el 25% y consagra de nuevo la imposición de la inmersión lingüística y la exclusión del español.