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El consejero catalán de Educación se jacta de haber burlado la sentencia del 25% de español en clase

Envía una carta a los centros para despedir el curso en el que anuncia "acciones concretas" para incrementar el uso del catalán en los colegios.

Envía una carta a los centros para despedir el curso en el que anuncia "acciones concretas" para incrementar el uso del catalán en los colegios.
Carta del consejero de Educación de la Generalidad, Josep González Cambray, a directores y docentes de centros educativos | Libertad Digital

Con el fin del curso escolar en Cataluña, directores y docentes de centros educativos han recibido una carta del consejero de Educación de la Generalidad, Josep González Cambray, en la que este presume de haber burlado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena que el 25% del horario lectivo en la enseñanza obligatoria se imparta en español.

Según denuncian las organizaciones Hablamos Español y Convivencia Cívica, la misiva es una muestra del desacato continuado de González Cambray, denunciado por estas entidades ante el TSJC por desobediencia y prevaricación. En concreto, la carta dice: "Asimismo, en un curso marcado por las injerencias de los Tribunales en el modelo de la escuela en catalán, desde el Departamento hemos protegido jurídicamente a las direcciones, a los maestros y los proyectos lingüísticos de los centros y ahora estamos desplegando acciones concretas para incrementar el uso del catalán en el ámbito educativo". Entre esas "acciones concretas" destaca la recluta de profesores chivatos para vigilar que sus compañeros empleen siempre el catalán.

En la carta, González Cambray también anuncia que las clases comenzarán el próximo curso a partir del 5 de septiembre y que se tratará de reducir el número de alumnos por clase y concluye de esta forma: "Hagamos que las cosas pasen al servicio del alumnado. Y seguimos avanzando juntos hacia una escuela más verde, feminista, social y en catalán".

La Generalidad ha desobedecido la sentencia del TSJC con un decreto y una ley impulsada por el PSC y los grupos separatista que prohíbe expresamente que los centros acaten el fallo del 25% al descartar el uso de porcentajes en la enseñanza de las lenguas. A su vez, la Alta Inspección Educativa del Estado en Cataluña advirtió al TSJC que no cumplió su requerimiento de comprobar si los centros habían aplicado la sentencia porque eso iría en contra del "principio de autonomía".

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