La presidenta del Parlamento autonómico catalán y también de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, incurrió en prácticas corruptas cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas. Se trataba de favorecer a un amigo, a quien adjudicaba contratos menores para eludir los controles contables. Para los instructores, no hay duda de que Laura Borràs incurrió en delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad documental y malversación.
En el texto que cierra la fase de instrucción, los instructores indican que "Laura Borràs abusó de las funciones que tenía reconocidas en calidad de directora de la Institución de las Letras Catalanas (ICL) dictando resoluciones injustas al aprobar las adjudicaciones de los 18 contratos menores, con plena conciencia de que las adjudicaciones entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público, omitiendo una verdadera concurrencia para únicamente favorecer los intereses de Isaías H. en detrimento de la defensa de los intereses generales que debía defender".
Los instructores han enviado su escrito al fiscal, quien dispone de un plazo de diez días para decidir si acusa y de qué acusa a Borràs o, por el contrario, solicita el archivo de la causa. Es la segunda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) procesa a Laura Borràs. La defensa de la dirigente independentista alegó el pasado marzo que se había vulnerado su derecho a la defensa. El TSJC aceptó el recurso. Realizadas diversas diligencias y nuevos interrogatorios, el tribunal vuelve a dejar a Borràs a un paso de sentarse en el banquillo. Tras el escrito que debe presentar la fiscalía, el TSJC fijará la fecha de un juicio que causará una convulsión institucional y partidista.
La teoría de la causa general
A pesar de la contundencia de las acusaciones, de pruebas como correos electrónicos en los que Borràs explicaba a su amigo cómo debía fraccionar los contratos, de los mensajes de teléfono que le envió al funcionario al cargo de los contratos para que agilizase los pagos a su amigo, de sus demandas de información sobre las pesquisas de los Mossos cuando ya era consejera de Torra, la imputada se aferra a la teoría de la causa general contra el independentismo. Ni ERC ni la CUP comparten la versión de que Borràs sea una víctima de la supuesta maquinaria represiva de los jueces.
Además de la proyección institucional como presidenta del Parlamento, Borràs cuenta con el plan B de haber obtenido la presidencia de Junts per Catalunya por la renuncia de Puigdemont. En diez días se conocerá la petición de la fiscalía y se debería fijar fecha para un juicio que seguramente esquive las fechas señaladas en rojo del calendario político catalán, concentradas en los meses de septiembre y octubre, cuando el independentismo celebra sus grandes derrotas.