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El ansia de poder de Sánchez: del asalto a las instituciones a suplantar al rey Felipe VI

El deterioro institucional tras cuatro años de sanchismo va paralelo al económico, pero el primero es más difícil de revertir.

El deterioro institucional tras cuatro años de sanchismo va paralelo al económico, pero el primero es más difícil de revertir.
Sánchez con el Rey en la cena de gala | EFE

En la última semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha difundido en los medios de comunicación una teoría de la conspiración según la cual el Ejecutivo por él presidido es muy molesto para el poder, y ha hablado más concretamente de unos poderes ocultos y sus terminales mediáticas y políticas que le atacan sin piedad.

Una evidente cortina de humo que trata de tapar no sólo su desafortunada intervención valorando positivamente la actuación policial marroquí en el asalto a la valla de Melilla o, incluso, el varapalo sufrido en las elecciones de Andalucía, sino el creciente malestar social por una crisis económica galopante con una inflación desbocada, que ha superado ya los dos dígitos, y que ninguna cumbre de la OTAN va a poder tapar.

Resulta hasta cómico que Pedro Sánchez, que lleva dedicado desde 2018 a acumular poder en todas las instituciones públicas a su alcance, que lidera el Gobierno con más ministerios y asesores de la democracia, y que cuenta con varios medios de comunicación que periódicamente le realizan entrevistas-masaje —siempre los mismos— pueda ir de víctima de no se sabe qué oscuros poderes y qué terminales mediáticas.

Asalto a las instituciones

No hay una sola institución u organismo que no esté en la diana de Sánchez, en un ejercicio obsceno del poder que contribuye al descrédito de lo público y al debilitamiento institucional de España. Porque nuestra Constitución de 1978 establece una serie de mecanismos para salvaguardar la institucionalidad y la coherencia del Estado más allá de la clásica división de poderes, como mayorías reforzadas para elegir según qué cargos, o mandatos más largos que el establecido para las Cortes Generales para mantener así la independencia del poder político de turno. Y a minar todo eso lleva dedicado Sánchez desde que llegó a Moncloa.

El resultado es que el deterioro institucional, tras cuatro años de sanchismo, empieza a ser más preocupante que el evidente deterioro económico, y quizás más difícil de revertir. En algunos casos será irreparable o llevará años recuperar el prestigio, la credibilidad y la imparcialidad de lo público, al menos su apariencia. Precisamente por eso resulta ridículo que Pedro Sánchez hable de poderes oscuros, cuando es el presidente del Gobierno que ejerce el poder con menos contrapesos en toda la historia de la democracia.

Una de las primeras muestras de esta peculiar forma de entender el poder se dio con Dolores Delgado, que pasó de ministra de Justicia del Gobierno de Sánchez a fiscal general del Estado, en una operación en la que se rompió cualquier apariencia de la imparcialidad que dicho cargo requiere. Operación claramente obscena, incluso para Pedro Sánchez. Un presidente que no dudó en presumir de su poder en Radio Nacional de España cuando espetó al periodista: "¿De quién depende la Fiscalía?".

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Pedro Sánchez: "¿La Fiscalía de quién depende, del gobierno? Pues ya está"


Después han seguido toda una serie de operaciones destinadas a controlar todo aquello que le ayude o bien a alargar su estancia en Moncloa o bien a hacer imposible la vida a su sucesor cuando tenga que abandonarla. Aunque en otras ocasiones las actuaciones de Sánchez han ido dirigidas, simple y llanamente, a contentar a sus socios de investidura, como ha ocurrido recientemente con la defenestración de la directora general del CNI, Paz Esteban, tras el escándalo Pegasus. Pura supervivencia.

Los tentáculos de la Moncloa se extienden, o lo intentan, al CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el CIS de Tezanos —por primera vez cuando se habla de la antaño prestigiosa encuestadora pública se le pone apellido, el de José Félix Tezanos, alguien declarada y descaradamente sanchista—, RTVE, el INE, la CNMV y, en los últimos días, el asalto final a Indra —una operación que se inició en 2021 con la sustitución de Abril Martorell por Marc Murtra y culminó con la operación de hace una semana: destitución de consejeros y toma de control con SEPI y Joseph Oughourlian de Amber Capital—.

Juan Manuel Rodríguez Poo, dimitía esta semana como presidente del INE. Los mentideros del entorno monclovita no escondían el descontento del Gobierno con el Instituto estadístico y los resultados de sus estudios sobre el Producto Interior Bruto o la inflación, dos datos macro importantísimos y que estaban desmintiendo al Gobierno cada vez que éste ha tratado de hacernos creer que vivimos una vigorosa recuperación económica que nos inunda de euros a los españoles.

Los acontecimientos se han sucedido a una velocidad de vértigo, porque el pasado jueves 23 de junio el Gobierno daba un golpe de mano en Indra, a través de la SEPI y con la ayuda inestimable del presidente de Prisa, Joseph Oughourlian. En una acción a todas luces concertada, Amber Capital (Oughourlian) metía en la Junta General de accionistas de Indra la petición de cese de cinco consejeros independientes después de ponerse de acuerdo con la SEPI (el Gobierno) y la empresa vasca SAPA. El escándalo asustó a la CNMV, órgano de control de los mercados, quien estudia actualmente el caso.

Otro golpe al espectro financiero y mediático es el que se ha producido también en estas últimas semanas en Prisa, donde Joseph Oughourlian, su presidente y brazo ejecutor del Gobierno, ha cesado a un consejero para dar entrada a Miguel Barroso y Miguel Contreras, visitadores habituales de la Moncloa.

El Gobierno no parece dispuesto a que la CNMV haga valer la Ley de Mercado de Valores contra lo que todo apunta a que ha sido una maniobra ilegal que ha tratado de evitar, concertando el voto, la necesidad de lanzar una OPA por el 100% de Indra, que es lo que tendría que haber hecho la SEPI para tomar el control de la compañía. Pues bien, de nuevo los mentideros monclovitas hablan de una fuerte presión a Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, a quien recientemente el Gobierno ha acortado su posibilidad de prolongar su mandato al frente del regulador. Además, las presiones sobre Rodríguez Poo han tratado que sirvan de escarmiento.

Entre los reguladores, de momento, mantienen cierto control, siquiera informativo, en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, donde es consejero Mariano Bacigalupo, marido de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

A todo lo anterior hay que sumar dos tendencias realmente preocupantes en la forma en la que Pedro Sánchez concibe el ejercicio del poder porque afectan a dos instituciones medulares de nuestro ordenamiento jurídico: el Parlamento y la Corona.

El Parlamento

Si hay un rasgo que ha caracterizado a este Ejecutivo es el desprecio al papel de las Cortes Generales, gobernando a golpe de decretos que impiden la deliberación en la sede de la soberanía nacional. El Gobierno sanchista se ha especializado en el decreto ley, una fórmula que menoscaba la labor de los demás grupos políticos representados en el Congreso y deja un mínimo espacio para el debate y la enmienda. Su uso evidentemente es legal, pero su abuso por parte de Sánchez pone de manifiesto una forma de ejercer el poder que linda con el autoritarismo. Si durante los peores momentos de la pandemia podía tener la justificación de la urgencia y necesidad, en otras muchas ocasiones el uso del decreto ley no está en absoluto justificado. Además, Sánchez ya dio muestras de su gusto por el decretazo desde el primer momento en que empezó a ejercer como presidente del Gobierno.

Con la excusa de la urgencia, el decreto entra en vigor de forma inmediata, aunque tiene que ser convalidado por el Congreso en un plazo inferior a 30 días. Los demás grupos con representación parlamentaria sólo podrán votar a favor o en contra y, como mucho, aprobar que el decreto sea posteriormente tramitado como proyecto de ley. Algo que, por otra parte, ha tratado de sortear en muchas ocasiones mediante el truco de las ampliaciones del plazo de enmiendas, retrasando sine die el debate y la votación.

La situación empeora cuando se utiliza el llamado decreto ómnibus, que incluye normas variopintas y desconectadas entre sí pero que tienen que ser aprobadas o rechazadas en su conjunto. Una cacicada muy utilizada por este Gobierno.

La Corona

Mención especial merece también la Corona. Este Gobierno ha contribuido, y sigue contribuyendo, directa o indirectamente, al objetivo de desprestigiar y debilitar la monarquía por dos vías diferentes: por un lado, dejando que sus socios de gobierno y los apoyos de la moción de censura ataquen una y otra vez a la primera institución del Estado, o más directamente, ralentizando vía Fiscalía las investigaciones sobre el Rey emérito que, está claro, que afectan al desgaste de la institución hoy representada por Felipe VI.

Además, y de forma más sutil —ya que lo hace por la vía de los hechos— Pedro Sánchez trata de vaciar de contenido el propio papel que la Constitución de 1978 tiene reservado al jefe del Estado.

En este capítulo habría que incluir las actuaciones del Ejecutivo tendentes a no molestar a sus socios catalanes. Por ejemplo, el veto en septiembre de 2020 a que Felipe VI fuese a Barcelona a entregar los despachos de la nueva promoción de jueces, un acto al que la Casa Real había anunciado que asistiría.

Y también habría que incluir aquí los descarados intentos por limitar al máximo otra de las funciones constitucionales del Rey: la representación internacional.

Por un lado, el Ejecutivo ha reducido al máximo la agenda internacional del monarca, en vez de valerse del prestigio que su figura tiene en el exterior. Además, desde que llegó a Moncloa Sánchez trata de ejercer de forma muy poco disimulada el papel de jefe de Estado, de jefe de una República que, de momento, no ha sido proclamada en España: "La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria" reza la Constitución en vigor.

En esta estrategia que parece perseguir que los españoles visualicen que viven en una República presidencialista o, si se quiere, que la Monarquía sobra por innecesaria, Pedro Sánchez no está sólo, sino que cuenta con la inestimable ayuda de su mujer, Begoña Gómez, que tiene un afán de figurar tan grande como el de su marido y que ejerce encantada un papel de primera dama no recogido en nuestro ordenamiento jurídico, que lo reserva a la consorte del Rey, en este caso la reina Letizia.

Fallos protocolarios intencionados o no, como el de aquel primer y célebre pasamanos del 12 de octubre de 2018 —en el que, tras saludar a los Reyes, se situaron a su lado para recibir a los invitados—, los aires de grandeza de Gómez y Sánchez han dejado momentos que rozan el ridículo, de pura megalomanía.

Así, Begoña Gómez se apuntó sin dudarlo a la celebración del centenario del Armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 2018 en París, viaje al que no fue la reina Letizia por motivos que no quedaron muy claros en su momento.

Pese a las críticas que cosechó su presencia en París por creerse la Reina, pocos días después, también en noviembre de 2018, la pareja dio rienda suelta a esos aires de grandeza que les caracterizan en el famoso viaje a Cuba. Quedó patente que a Sánchez se le quedaba pequeño el cargo de jefe del Gobierno, y que Gómez trata inútilmente de eclipsar a la Reina, incluso copiando vestuario y gestos.

Lo de Gómez tratando de imitar —suplantarla es complicado— a la reina Letizia roza el ridículo. Como señalaba Federico Jiménez Losantos en su columna semanal en Libertad Digital, "para su desgracia, tenemos a unos reyes tan jóvenes y tan guapos que ellos, sobre usurpadores, resultan clamorosamente horteras, zafiamente ridículos".

Ese viaje a Cuba, tal y como se diseñó, era un viaje de Estado al que tendrían que haber ido los Reyes, que ostentan la máxima representación de España en el exterior y, en especial, en las relaciones con la comunidad histórica, la iberoamericana, como recoge la Constitución en su artículo 56.

Los dos años de pandemia redujeron la exposición pública de Begoña Gómez, pero han sido aprovechados para someterse a evidentes cambios estéticos, que ha tenido la oportunidad de lucir durante la recién terminada cumbre de la OTAN en Madrid. Da la impresión de que tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez esperaban este momento como agua de mayo, una oportunidad única para brillar y ser el centro de atención.

Y aquí Gómez se ha empleado a fondo, sobrepasando con creces el papel que el protocolo le reserva a la mujer del presidente del Gobierno en una Monarquía parlamentaria, más bien ninguno. Así, se sacó de la manga una reunión privada con Jill Biden en Moncloa, al enterarse de que la mujer del presidente americano quería verse a solas con la reina Letizia. Tras comer con la Reina en Zarzuela, la Primera Dama norteamericana —esta sí que tiene asignado ese papel— tuvo que desplazarse a Moncloa a departir con la esposa de Sánchez. Al final de la cumbre, no obstante, Jill Biden sólo tuvo palabras de agradecimiento para la reina Letizia. De homóloga a homóloga, como marca el protocolo.

El apogeo megalómano del presidente y su mujer se alcanzó con la cena en El Prado, donde la pareja pudo disfrutar, sin la molesta presencia de los Reyes, de su papel de anfitriones en una cumbre que, organizativamente hablando, ha sido un éxito.

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