Nueva maniobra de la presidenta del Parlamento catalán, la posconvergente Laura Borràs, que ha decidido mantener la delegación de voto del fugado Lluís Puig en abierta desobediencia a la resolución del Tribunal Constitucional (TC), que informó a la cámara de que su voto no podía ser contabilizado "porque eludió voluntariamente la acción de la jurisdicción penal española". Puig, efímero consejero de Cultura durante el golpe de Estado separatista, se fugó a Bélgica junto a Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.
A pesar de la resolución y de las advertencias de los letrados del Parlament, que han informado a los miembros de la mesa que podrían incurrir en los delitos de desobediencia y usurpación de funciones al permitir la delegación de voto de Puig, los diputados independentistas han decidido ignorar al TC. La decisión ha sido tomada en la mesa con el único voto en contra del PSC, ya que Vox, Cs y PP no forman parte del órgano de gobierno de la institución.
A pregunta del portavoz de Vox, Joan Garriga, Laura Borràs ha asegurado al inicio de la sesión plenaria que son cuatro los diputados que han delegado su voto y que entre ellos está incluido Lluís Puig. La presidenta del Parlamento catalán se niega a dimitir a pesar de estar imputada por prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental y a un paso de que se fije la fecha para su juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). No sólo sostiene que es inocente sino que atribuye la causa a una "persecución judicial" por ser independentista. Ni ERC ni la CUP compran esa versión y afirman que la situación de los imputados por asuntos relacionados con el proceso separatista nada tiene que ver con Borràs.
Ahora, la dirigente, recién nombrada presidenta de Junts per Catalunya (JxCat) en sustitución del propio Carles Puigdemont, se arriesga a una imputación por desobediencia que la igualaría con los presuntos "represaliados" por razones ideológicas. En cualquier caso, ya ha dejado claro que no piensa dimitir y que el reglamento de la cámara no va con ella porque "tiene lagunas, repeticiones e incongruencias". Se refiere al punto 25.4 que obliga a dimitir a los investigados por corrupción en el momento en el que se fije el juicio oral. Tal disposición fue introducida por la CUP en 2017 con el apoyo de ERC y JxCat, que entonces formaban la coalición Junts per Catalunya.