Pedro Sánchez ha pactado con Podemos y ERC convertir la Ley de Memoria en una plataforma de arrinconamiento de la lengua española por medio del apoyo aún mayor a lenguas, como la catalana o vasca, que ya cuentan con todo el respaldo oficial y todo el ataque al castellano, pero, además, por medio del impulso normativo y con fondos públicos de lo que el texto de la ley define como "lenguas y culturas gallega, aragonesa, occitana y asturiana".
La Ley de Memoria se ha convertido en todo un amasijo de objetivos políticos. Desde el ataque a la libertad de expresión y opinión en materia histórica, hasta el combate a la libertad de cátedra y de investigación científica, y, ahora, hasta el acoso y derribo a la lengua española. Todo aparece en esta nueva norma bandera de Pedro Sánchez.
El último punto descubierto en el redactado definitivo afecta a este último apartado de imposiciones socialistas. Y fue abordado en un intercambio urgente de cromos entre el PSOE, Podemos y ERC.
Una enmienda transaccional de última hora incluyó el siguiente punto en la ley: "Se reconoce la política de persecución y represión contra las lenguas y culturas catalana, gallega, vasca, aragonesa, occitana y asturiana perpetradas por el régimen dictatorial franquista durante el periodo de guerra, así como en las décadas posteriores de dictadura". El punto vino firmado y aceptado por el Grupo Socialista, Unidas Podemos y ERC. Y, consecuentemente, ha sido incorporado al texto definitivo de la ley.
La definición como lenguas y culturas perseguidas y reprimidas implica un profundo cambio económico: convierte a las políticas de impulso de las "lenguas y culturas catalana, gallega, vasca, aragonesa, occitana y asturiana" en merecedoras de subvenciones en concepto indemnizatorio por la Ley de Memoria. Dinero y apoyo que, además, se justificará como una mera indemnización por haber sido "perseguidas" por la dictadura franquista.
Toda una puerta abierta adicional para regar aún con más fondos las lenguas reclamadas hoy en día como identitarias por los partidos nacionalistas. Y toda una disculpa para aumentar los esfuerzos en arrinconar al español en los programas educativos.
Se trata del último cambio incorporado al redactado definitivo de una norma –la Ley de Memoria– que lleva camino de generar una fuerte polémica en su aplicación. Una polémica, posiblemente, perseguida por el PSOE con el fin de atraer una vez más la atención sobre Franco en un momento en el que el castillo de naipes socialista se viene abajo y los españoles se sumen en una fuerte pérdida de poder adquisitivo.
Una vez más Franco. Y una vez más, según los deseos de ERC y Podemos. Y es que el PSOE ha aceptado más cambios en esta ley de profundo impacto y bajo el designio de sus socios de Gobierno y Parlamento. Otro de los de última hora, como ya ha publicado Libertad Digital, consiste en la regulación de una auditoria obligatoria y urgente en un plazo máximo de un año para devolver a los republicanos todo tipo de bienes muebles e inmuebles "expoliados" durante el franquismo. Ese apartado del texto también se ha pactado como enmienda transaccional y cuenta, igualmente, con la firma de los tres grupos políticos mencionados: PSOE, ERC y Podemos. Y el redactado señala lo siguiente: "La Administración General del Estado promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura". Y detalla, en particular, "una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo, incluyendo las obras de arte, el papel moneda, otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas, así como la imposición de sanciones económicas en su aplicación de la normativa de responsabilidades políticas".
La auditoría urgente, además, no se limitará a los bienes muebles. Los inmuebles también quedan en su radio de acción: "Esta auditoría incluirá un inventario de bienes y derechos incautados", sin especificar tipo. Es decir, todos. "La auditoría deberá llevarse a cabo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley". Dicho de otro modo, se trata de una auditoría urgente. Es decir, que, en menos de un año, el Gobierno y sus socios quieren tener los datos completos de todo tipo de bienes para poder empezar a reclamarlos con el objetivo de proceder, en teoría, a su devolución a los dueños previos a la Dictadura. Y, por si hubiera alguna duda sobre el hecho de que afecta también a los bienes inmuebles, el texto hace mención expresa: "La referida auditoría incluirá los bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial de los que fueran titulares", por ejemplo, "los ateneos, cooperativas y entes asimilados".