Podemos ha trasladado ya al PSOE y al Congreso de los Diputados el articulado de una nueva ley con la que pretende prohibir el plan de concesión de becas de Isabel Díaz Ayuso. El objetivo, arrebatar a la presidenta madrileña la competencia sobre una becas que, este año, se amplían a más familias que las de las rentas estrictamente más bajas. Podemos no lo acepta, entra a la guerra contra Díaz Ayuso y reclama un poder centralista que, por supuesto, no esgrime para el control de la educación anti española en Cataluña o País Vasco.
El texto de la pretendida norma de Podemos pasa ahora a manos de Pedro Sánchez. Será el presidente y su partido quienes decidan si fraguan un intento de limitar una competencia autonómica regulada por la Constitución con tal de atacar la política de Isabel Díaz Ayuso. El texto de los morados asegura que el "artículo 27 de la Constitución Española establece en sus apartados 1 y 5 que ‘todos tienen el derecho a la educación’ y que ‘los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes’".
Podemos afirma que "uno de los mecanismos establecidos por los poderes públicos para garantizar el derecho a la educación es el sistema de becas y ayudas al estudio, que permite el acceso a la educación mediante una ayuda en recursos que permite cubrir parcial o totalmente los gastos que le suponga cursar unos estudios determinados".
Las argumentación anti Ayuso del partido de Irene Montero e Ione Belarra añade que "la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, especifica en su artículo 83 el marco básico de las becas y ayudas al estudio, que recoge que ‘para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables tendrán derecho a obtener becas y ayudas al estudio’".
Según Podemos, "en este mismo artículo se realiza la diferenciación entre el sistema de becas con cargo a los presupuestos generales del Estado, y el sistema de becas y ayudas al estudio regulado por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus propias competencias" y el apartado cuarto del mismo artículo, aclara Podemos, "establece la colaboración y coordinación que debe existir entre las diferentes Administraciones educativas, que ‘con el fin de articular un sistema eficaz de verificación y control de las becas y ayudas concedidas y de coordinar las becas y ayudas con otras políticas dirigidas a la compensación de las desigualdades en la educación, se establecerán los procedimientos necesarios de información, coordinación y cooperación entre las diferentes Administraciones educativas’".
Así, según la legislación vigente y la versión de Podemos, todo "aquello relacionado con las becas y ayudas al estudio, en sus diferentes niveles educativos, está enmarcado en las competencias compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que tienen su marco legislativo en los propios Estatutos de autonomía, y así se reconoce en la ya citada Ley Orgánica 2/2006, en su apartado 6 del artículo 83, que "con independencia del sistema general de becas a que se refieren los párrafos anteriores, las comunidades autónomas podrán ofertar becas y ayudas para el fomento del estudio con cargo a sus fondos propios, conforme a lo establecido en sus correspondientes Estatutos de Autonomía".
En base a todo ello, el partido de Belarra y Montero afirma que "el cumplimiento del deber constitucional de garantizar la igualdad en el acceso a la educación requiere la remoción de cualquier obstáculo de naturaleza socioeconómica que dificulte o impida el ejercicio de este derecho fundamental". "Sin embargo", señalan los comunistas, "existen medidas adoptadas por algunas comunidades autónomas que se encaminan en dirección contraria a la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades".
La referencia es, obviamente, a Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Los comunistas prosiguen disimulando para que no parezca que se trata de una norma específicamente anti Ayuso —las normas tienen la obligación de ser generales y no de aplicación particular por exigencia constitucional—, y señalan que, "así, ciertas comunidades autónomas han decidido destinar becas públicas en centros privados para familias con un umbral de renta muy superior a la media, que se sitúa en 2022 en poco más de 12.000 euros".
Podemos sigue dejando constancia de que su reforma legal tiene un objetivo particular —Díaz Ayuso— y no general y señala que "en algunos casos, la flexibilización del criterio de renta familiar ha aumentado hasta un umbral de renta de 100.000 euros, lo que supone un 259% más en Bachillerato, por ejemplo. Destacan, por el contrario, el concepto de la libertad de elección del centro educativo […]". Y afirman los comunistas que "se debe tener en cuenta que la libertad de elección es, en todo caso, la posibilidad del alumnado de cursar sus estudios en otros centros ajenos al sistema público. Hay que recordar que los poderes públicos deben velar por el sistema público, que es el que le atañe, y no por el privado", en una interpretación muy suya del concepto de libre elección.
Y, por todo ello, "el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común han presentado una Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para la garantía de acceso a becas y ayudas al estudio de las familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica". Y, con ese cambio, pretenden incorporar un nuevo apartado que obligue a que "las becas y ayudas al estudio de todas las administraciones educativas, en el marco de sus propias competencias, garanticen el carácter redistributivo y compensatorio de las mismas y prioricen el acceso al sistema de becas y ayudas al estudio a las familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica".
"A estos efectos, el Gobierno regulará de forma básica con carácter de mínimos, las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio a las que se refiere el apartado anterior, las condiciones económicas y académicas que hayan de reunir los beneficiarios, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación, reintegro y cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas, preservando las competencias de las Comunidades Autónomas que, con cargo a sus presupuestos, regulen y gestionen un sistema de becas y ayudas al estudio", añade el texto de los comunistas.
Es más, "con el fin de articular un sistema eficaz de verificación y control de las becas y ayudas concedidas y de coordinar las becas y ayudas con otras políticas dirigidas a la compensación de las desigualdades en la educación, se establecerán los procedimientos necesarios de información, coordinación y cooperación entre las diferentes Administraciones educativas".