Malas noticias para Laura Borràs, presidenta del parlamento catalán y de Junts per Catalunya (JxCat), y para el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont y el resto de prófugos. Poco después de que trascendiera el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ensombrece el futuro de Puigdemont, la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) daba a conocer el escrito en el que pide 6 años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 144.000 euros para Laura Borràs.
El informe del abogado general del TJUE, Richard de la Tour, es un duro alegato contra las extralimitaciones de los jueces belgas que hicieron caso omiso de las órdenes europeas de detención presentadas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Es la respuesta, además, a las cuestiones prejudiciales presentadas por el propio magistrado español en el caso concreto de la negativa belga a extraditar a Lluís Puig pero alusivas al conjunto de prófugos. Supone además el primer revés serio para Puigdemont, aunque ni mucho menos definitivo.
Cuando el expresidente de la Generalidad fue detenido en la isla italiana de Cerdeña, el tribunal de aquel país decidió ponerlo en libertad con el argumento de que un tribunal alemán y otro belga se habían negado a ejecutar la euroorden de Llarena y que además faltaba la decisión del TJUE sobre las cuestiones prejudiciales. El informe del abogado general no tiene más traducción práctica, de momento, que configurar el sentido de la resolución que deben emitir los quince magistrados del TJUE y que se prevé para el otoño.
Si el fallo del TJUE coincide con el informe de su abogado general, los fugados del "Procés" deberían ser puestos a disposición de las autoridades judiciales españolas porque no hay evidencia ninguna de que vayan a ser vulnerados sus derechos fundamentales. Sin embargo, a Puigdemont y compañía le quedaría un amplio recorrido para evitar su extradición dada su condición de diputados del Parlamento Europeo y de las posibilidades de abrir otro largo periplo judicial. Pero ya sin el argumento de que en España no hay garantías judiciales y no tendrían un juicio justo.
Y multa de 144.000 euros
Más espinoso aún se presenta el futuro judicial de Laura Borràs, presidenta del Parlament y sucesora de Puigdemont en la presidencia de JxCat, para quien la fiscalía reclama 6 años de cárcel, 21 de inhabilitación y multa de 144.000 euros. Y el ministerio público ha sido benevolente porque en su escrito considera que Borràs incurrió en los delitos de falsedad y prevaricación, pero descarta los de malversación y fraude que sí le atribuye el juez instructor.
ERC mantiene la presión para que acceda a abandonar la presidencia de la cámara catalana, algo que Borràs ha descartado de manera tajante con el apoyo de gran parte de su partido. El encontronazo parece uno de tantos entre ERC y JxCat, pero puede desencadenar la salida de los posconvergentes del gobierno autonómico de coalición e incluso un adelanto electoral en Cataluña. JxCat debe celebrar la segunda parte de su congreso entre mañana y pasado y una de las cuestiones a tratar será la continuidad del pacto con ERC que sirvió para la investidura hace poco más de un año de Pere Aragonès. La cuestión se trasladará a los militantes, que deberán votar sobre ello.
Dadas las tensiones entre ERC y JxCat, la animadversión que se profesan sus dirigentes y el rechazo que suscita en JxCat que ERC negocie con el Gobierno, todo apunta a que los militantes mostrarán el pulgar hacia abajo de manera sobrada.