Nuevo palo a las entidades y familias que aspiran a que en el sistema educativo catalán se imparta al menos un 25% de español. La Fiscalía de Cataluña ha rechazado las denuncias de Vox, Ciudadanos, Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, cuyos letrados atribuían al consejero de Enseñanza de la Generalidad, Josep González Cambray, la comisión de los delitos de prevaricación y desobediencia.
González Cambray, que tuvo un papel activo en el acoso a la familia de Canet de Mar que logró que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitiera la sentencia del 25% de español en la enseñanza obligatoria catalana. Tras esos hechos, el consejero forzó que el gobierno catalán arbitrara un decreto de urgencia, posteriormente reforzado por una ley aprobada en el Parlament impulsada por el PSC, ERC, JxCat y los comunes en contra de la aplicación de porcentajes en la enseñanza de las lenguas. Aprobado el decreto y la nueva ley, el TSJC consideró inaplicable su fallo.
Las maniobras separatistas fueron acompañadas de un vasto despliegue retórico en contra de la sentencia y del TSJC en el que por activa y por pasiva las autoridades separatistas declararon que no aplicarían la sentencia a pesar de los requerimientos y plazos dados por el tribunal.
Consumada la operación "legislativa", González Cambray emitió una orden a todos los colegios para que en los planes de estudios no contemplaran la aplicación del fallo, sino los criterios de la Generalidad y los socialistas catalanes. En paralelo, se remitió un escrito al tribunal en el que la administración autonómica se negaba a asumir el porcentaje de español aduciendo los cambios y el nuevo marco legislativo.
Sentencia inaplicable
El TSJC admitió los "argumentos" de la Generalidad y dio traslado a las partes de que la sentencia quedaba en papel mojado. Ahora, en otra vuelta de tuerca, la fiscalía remacha la victoria separatista en contra de los derechos lingüísticos de los alumnos de Cataluña. Por un lado, el fiscal superior, Francisco Bañeres ha dictado un decreto de archivo al tiempo que otro fiscal, Pedro Ariche, ha enviado dos informes al TSJC en los que reclama la inadmisión a trámite de las denuncias.
Ambos fiscales consideran que las actuaciones de González Cambray "no revisten los caracteres propios de ilícito de naturaleza penal". Y se escudan, además, en que ninguna familia alegó que se le hubiera negado de forma expresa la aplicación de la sentencia. Según estos fiscales, debería ser el propio TSJC quien decidiera si el consejero incurrió en un delito de desobediencia grave al desatender las instrucciones del tribunal y que de las instrucciones enviadas a los centros no se deduce que pretendiera imponer un determinado modelo lingüístico.
En cuanto a la prevaricación, los dos fiscales arguyen que ni el decreto ni la nueva ley no suponen un delito sino que se enmarcan en el contexto de la actividad legislativa tanto del gobierno regional como de la cámara autonómica. Al hilo, el TSJC constató la "imposibilidad legal" de aplicar su sentencia, aunque remitió el decreto y la nueva ley al Tribunal Constitucional al apreciar visos de inconstitucionalidad en la ley del parlamento catalán y en el decreto de la Generalidad para sortear un fallo que en su momento fue ratificado por el Tribunal Supremo.