El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado la apertura de juicio oral contra la presidenta del parlamento autonómico catalán, Laura Borràs, por los delitos de prevaricación y falsedad documental cuando dirigía la "Institución de las Letras catalanas". En aquella época, entre 2014 y 2017, la dirigente separatista, que también preside el partido de Puigdemont, Junts, habría ordenado el fraccionamiento de contratos para favorecer a un amigo informático condenado en otra causa por narcotráfico y falsificación de moneda.
La decisión del TSJC de abrir juicio oral contra Borràs forzará a la mesa del parlamento catalán a debatir sobre la suspensión de la presidenta, toda vez que el reglamento de la cámara indica que los diputados incursos en un proceso judicial por delitos relacionados con la corrupción serán suspendidos de sus funciones.
Se trata del artículo 25.4, que en concreto señala: "En los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata. Si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, es necesario el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados".
Aunque todavía no hay fecha para la celebración del juicio a Laura Borràs, el texto de la cámara, aprobado por los grupos independentistas, fija en el auto de apertura de juicio oral el momento para suspender a los diputados, circunstancia que desde este martes concurre en el caso de la presidenta de la institución.
ERC cede ante la presidenta de JxCat
Borràs se niega a dimitir y contempla, como mucho, la posibilidad de ceder temporalmente la presidencia de la cámara a un diputado de su grupo. Sostiene que el reglamento no la obliga a cesar en el cargo, sino a apartarse. ERC, que al principio pedía la dimisión de Borràs, se conforma ahora con que la dirigente de JxCat se aparte del cargo temporalmente.
En el juicio, Borràs deberá afrontar los cargos de prevaricación y falsedad y una petición fiscal de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación, pero podía ser peor porque el fiscal descartó los delitos de malversación y fraude que sí le atribuía el juez instructor.