La presidenta del parlamento autonómico catalán y del partido de Puigdemont (JxCat) se niega a dimitir y ni siquiera contempla apartarse del cargo público a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decretado la apertura de juicio oral por los delitos de prevaricación y falsedad documental. Laura Borràs se considera víctima de una persecución judicial por motivos ideológicos y aduce que su caso sería, como mucho, una infracción administrativa.
Los hechos se remontan a cuando Borràs dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), entre 2014 y 2017. Se investigan 18 contratos que recibió un amigo de Borràs, Isaías Herrero, condenado en otras causas por narcotráfico y falsificación de moneda. Y la investigación se inició por el error de una empleada de Correos, que se equivocó de buzón al depositar una carta que contenía billetes falsos. La persona que recibió por error el sobre lo puso en comunicación de los Mossos, que abrieron una investigación que condujo por casualidad a la supuesta fragmentación de contratos por un monto superior a los trescientos mil euros.
A pesar de la rotundidad de las evidencias (correos electrónicos en los que Borràs daba instrucciones a su amigo para elaborar sus ofertas y mensajes de teléfono en los que pedía a un funcionario de que le avisara de los registros policiales en la sede de la ILC, entre otras pruebas), la dirigente separatista se considera la última pero más importante víctima del independentismo de una supuesta guerra sucia judicial contra ella.
La CUP y ERC tampoco la creen
El principal problema de esta tesis, que el club de fans de Borràs defiende con ardor en todos los medios afectos a la causa separatista, es que ni ERC ni la CUP consideran que a la presidenta del Parlament se la vaya a juzgar por independentista o por hechos relacionados con el golpe de Estado, sino por corrupción. De hecho, hasta en un sector no menor de su propio partido, JxCat, consideran que Borràs debería dimitir para no sumir (aún más) el Parlament en el desprestigio.
En la reunión extraordinaria de la ejecutiva del partido celebrada este martes por la tarde hubo intervenciones que pidieron a Borràs, presidenta también de la formación, que abandonara el cargo, lo que desmonta la línea argumental de su defensa, encabezada por el letrado Gonzalo Boye, el abogado de referencia del independentismo que fue condenado por su implicación en el secuestro a cargo de ETA del empresario Emiliano Revilla.
El caso Borràs se ha convertido en un espectáculo cuyas peripecias entretienen la política catalana mientras ERC se embarca en la mesa de diálogo con Sánchez. Borràs es la protagonista de un culebrón que incluye episodios como la carta de un catedrático que tuvo a sus órdenes a la presunta corrupta y que describía, por ejemplo, que había sido despedida de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y que para que abandonara el despacho se tuvo que recurrir a los guardias de seguridad. O cómo se hacía acompañar por familiares y amigos a los concursos de la Universidad de Barcelona (UB) para presionar a los tribunales.
El escándalo causado por las confesiones del catedrático ya retirado Jordi Llovet fue de tal calibre que se vio forzado a retirar el texto de su muro de Facebook tras las amenazas vertidas por la propia Borràs a una hermana del catedrático.
Pero no ha sido el único incidente provocado por Borràs o su entorno. Su amigo y diputado autonómico Francesc de Dalmases llegó a agarrar por la muñeca a una periodista de TV3 y le metió una bronca de quince minutos con gritos y golpes al mobiliario en presencia de la propia Borràs porque no le había gustado una entrevista que le habían hecho en la televisión pública catalana.
Entre ayer y hoy, Laura Borràs se ha despachado a gusto en Twitter, tanto en un hilo propio en el que concluye que si los diputados de ERC y la CUP miembros de la mesa del parlamento fuerzan su suspensión temporal no habrán actuado como demócratas sino como "jueces o inquisidores", así como en la respuesta a un usuario de la red que le muestra su apoyo para que plante cara hasta el final: "Así lo haré. He dicho y repetido que no dimitiré. Porque hacerlo significaría aceptar que he hecho lo que me acusan de haber hecho y no. Y los que me quieren muerta, me tendrán que matar y ensuciarse las manos. Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme por la autonomía".