Notable función en el Parlament catalán, cuya expresidenta, Laura Borràs, ha sido apartada del cargo por los miembros de ERC, PSC y CUP. Ha costado. La mayoría de los independentistas no comulga con la tesis de los partidarios de Borràs, que la muestran como una víctima del aparato judicial, que la perseguiría por unos hechos que según ella sólo serían constitutivos como mucho de una infracción administrativa.
Esa teoría no les cuadra a los diputados de ERC y la CUP, que juzgan que la apertura de juicio oral contra Borràs por el supuesto fraccionamiento de contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) es suficiente para forzar el cese.
El reglamento de la cámara es tajante al respecto y en su punto 25.4 sostiene: "En los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata. Si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, es necesario el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados".
Borràs dijo primero que el punto era interpretable y después que a ella no se le juzgará por delitos relacionados con la corrupción porque no se le pide responsabilidad civil. Ha sido en vano. Todos los grupos de la cámara, salvo el suyo, eran partidarios de su cese y quienes tienen voto en la mesa del parlamento, ERC, PSC, JxCat y CUP, se han decantado por la suspensión con el único voto en contra de la diputada del grupo de Borràs, Aurora Madaula.
La afectada ha tenido que abandonar la mesa durante la discusión y votación sobre su caso. Era la última vez que cruzaba las puertas del parlamento como presidenta.
Borràs contra los diputados de la mesa
A pesar de haber sido suspendida, Borràs ha reservado la sala de audiencias del parlamento catalán para dar una rueda de prensa para explicar su versión de los hechos. Su discurso ha sido una carga de profundidad contra ERC y la CUP. Ha empezado subrayando que a la misma hora que un funcionario del TSJC le ha entregado en mano la notificación de apertura de juicio oral. Según Borràs, se ha tratado de un caso de "sincronización perfecta".
"No han venido vestidos de diputados, sino de jueces y un día antes de que el parlamento cierre por vacaciones, estos cinco diputados han acordado la suspensión de mis derechos y derechos parlamentarios en aplicación del artículo 25.4", ha abundado la expresidenta del parlamento autonómico.
Borràs ha alegado que su caso no es corrupción porque "el ministerio fiscal no se ha visto con cuerpo para sostener las acusaciones de malversación y fraude a la administración y no me reclama ninguna responsabilidad civil". "Pero eso no ha hecho dudar a estos diputados de la naturaleza corrupta de los hechos que se me imputan", ha reprochado la procesada.
Las invectivas de Borràs estaban dedicadas a los diputados de ERC y la CUP, a quienes ha calificado de "diputados que han venido vestidos de jueces hipócritas y si antes aplicaban el Código Penal del enemigo, esta vez han aplicado el reglamento del enemigo". "Los miembros de la mesa -añadió- me han querido condenar. Estos grupos han allanado el camino para mi persecución ideológica. Se ha debilitado la institución y se ha hecho a conciencia".
Según Borràs, ERC y la CUP han querido eliminarla como adversaria política. Pero ha insistido en que no dimite: "El reglamento no obliga a nadie a dimitir y yo no dimito. Se me ha suspendido contra mi propia voluntad. Todos sabemos que este artículo (el 25.4) debería haber sido retirado. Fue aprobado por el parlamento sin ningún sustento jurídico. Pero también porque vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia así como el sufragio pasivo y activo. Es una anomalía democrática. Se ha aplicado con la ligereza con la que hoy han actuado los miembros de la mesa". "No dejaré de luchar por mi país desde la presidencia de JxCat y desde la presidencia suspendida del parlamento", concluyó.
Pinchazo en la manifestación
A un paso del banquillo tras haberse decretado ya la apertura de juicio oral (aún sin fecha) por prevaricación y falsedad documental, Borràs ha constatado su soledad. Un centenar de personas, muchas menos de lo esperado por la ya expresidenta del Parlament, se han concentrado a las puertas de la cámara en una desangelada muestra de apoyo cuyo principal protagonista ha sido el expresidente de la Generalidad, Quim Torra.
Borràs se ha forjado un gran listado de enemigos incluso en el partido que preside. Muchos dirigentes de Junts per Catalunya (JxCat) no están precisamente descontentos con el desenlace de la carrera política de Borràs. Tanto foco sobre una persona dificultaba, alegan, la operación para convertir JxCat en un partido en vez de una plataforma personalista, antes Puigdemont y ahora Borràs.
Suspendida de todas sus funciones en el parlamento autonómico y sin poder siquiera votar en los plenos o comisiones, Borràs deberá afrontar un juicio y una sentencia que, absolutoria o no, se producirá con toda seguridad cuando haya acabado la legislatura. En JxCat la dan por amortizada y esperan que la pérdida de todos sus derechos como diputado le reste capacidad de proyección.
La presidenta de JxCat pretende escudarse en unas bases que según su perspectiva están de su lado, aunque su capacidad de convocatoria, como se ha visto, no es precisamente un factor que le pueda ayudar en sus intentos por mantenerse en la primera línea política mientras dure el juicio y en espera de una sentencia que en el caso de ser condenatoria podría comportar una larga inhabilitación.
Su cese abre otra situación inédita en el parlamento catalán. El pacto entre ERC y JxCat prevé que la presidencia de la cámara recaiga siempre en los posconvergentes, pero debería renunciar la vicepresidenta primera, Alba Vergès, de ERC, para que una diputada o diputado de JxCat ejerza las funciones de la presidencia y dirija los plenos. Los republicanos están dispuestos a "degradar" a Vergès y los de JxCat han descartado salir del gobierno de coalición, una posibilidad que han utilizado tan sólo como amenaza.