La Generalidad catalana ha dado instrucciones a todos los centros educativos afectados por sentencias en firme para que eliminen de sus proyectos lingüísticos cualquier porcentaje de enseñanza en español. Según ha explicado la secretaria general de la consejería de Educación, Patrícia Gomà, el nuevo marco normativo elaborado por la Generalidad con el impulso del PSC y el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez, invalida no sólo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el 25% de español en la enseñanza obligatoria sino también la resolución del Tribunal Supremo trascendida el 9 de agosto sobre los proyectos lingüísticos de dos escuelas concretas, el centro Bogatell de Barcelona y el Josefina Ibáñez de la localidad barcelonesa de Abrera.
Según la número dos del departamento que dirige el republicano Josep González Cambray, ninguno de los dos centros tendrá que aplicar el fallo del Tribunal Supremo porque "ha quedado desfasado con la nueva normativa de la Generalidad" y "es inaplicable". Patrícia Gomà considera que la sentencia del Tribunal Supremo es papel mojado, toda vez que se remite a un marco legal superado por el decreto ley y la nueva ley de usos lingüísticos en la enseñanza aprobadas por el gobierno autonómico y el parlamento regional.
En declaraciones en la radio del conde de Godó, Gomà ha señalado que "la justicia va muy lenta y se pronuncia años después de que pasen las cosas". Por eso entiende que los dos proyectos lingüísticos tumbados por el Tribunal Supremo por excluir el español como lengua vehicular, junto al catalán, son perfectamente legales y siguen vigentes.
22 centros afectados
La secretaria general de la consejería de Educación ha explicado que en la actualidad hay 22 escuelas en Cataluña donde el curso pasado se aplicó el 25% de español, pero no en todas las clases sino en las que había niños cuyos padres habían recurrido al TSJC. En diez de ellas, el TSJC había dictado medidas cautelares para la aplicación del 25% y en el resto ya se había agotado la vía judicial. A criterio de la Generalidad, las escuelas con medidas cautelares no tienen que cumplir con el fallo. A tal efecto ha recurrido al TSJC para que anule tales medidas. No lo tiene tan claro la administración autonómica respecto a los centros con sentencias firmes.
La intención de la Generalidad tras el pacto firmado con el Gobierno sobre el impulso del catalán es blindar la inmersión lingüística y la erradicación completa del español en la enseñanza pública y concertada. Así, elabora en la actualidad un decreto que obligaría de las guarderías hasta los seis años a priorizar el catalán sobre el español aunque sea este último idioma la lengua materna del bebé. En la práctica, la primera enseñanza en Cataluña se hace solo en catalán.
Los partidos independentistas y el PSC quieren apuntalar el sistema de inmersión lingüística ante las resoluciones judiciales favorables a entidades como Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Impulso Ciudadano, Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana. El gobierno catalán entró en pánico tras la sentencia del TSJC sobre un mínimo 25% de español en la enseñanza obligatoria en atención a su carácter oficial en la región, publicada en diciembre de 2020.
El niño de Canet
La victoria judicial de las citadas entidades desencadenó una agitación entre los padres que la Generalidad quiso cortar de raíz con el episodio del niño de Canet, la revuelta instigada por la propia administración autonómica de un grupo de padres de un aula de niños de cinco años en la que se tendría que enseñar también en español a los alumnos. El niño y sus familiares sufrieron toda clase de acoso en redes sociales, que medios separatistas revelaran sus datos y hasta una manifestación en el pueblo con la presencia de los principales dirigentes separatistas de la provincia de Barcelona.
Había que frenar a toda costa los movimientos en los juzgados de cada vez más padres en favor de la enseñanza en español. El decreto ley y la nueva ley para burlar la sentencia del 25% fue el resultado de una campaña de agitación de partidos, sindicatos y organizaciones independentistas como Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural o la Assemblea Nacional Catalana (ANC).
Escuela de Todos, la plataforma que engloba a las organizaciones constitucionalistas de Cataluña, ha convocado para el próximo 18 de septiembre una manifestación con el lema "Español, lengua vehicular", a la que ya se han sumado Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana. A pesar de las maniobras de la Generalidad y los socialistas, confían en que el Tribunal Constitucional resuelva que las nuevas normas autonómicas son inconstitucionales, a pesar de las presiones del Gobierno en sentido contrario.