Alberto Núñez Feijóo no quiere que su partido frene su actividad durante el mes de agosto y, por ello, continúan preparando iniciativas para su debate en el Congreso de cara a septiembre. En las últimas horas, los populares han anunciado una de sus propuestas para tratar de atajar el problema de la ocupación.
El responsable económico del PP en el Congreso, Jaime de Olano, ha explicado esta iniciativa que se recogerá en una Proposición de ley orgánica para tratar de frenar un "problema que afecta a 120.000 familias" (según los datos de la Plataforma de Afectados por la Okupación en España).
"Sánchez no ha hecho absolutamente nada"
Desde el PP consideran que se trata de un "problema muy serio" que "afecta a la España real" y que el Gobierno ha aparcado. "Pedro Sánchez no están haciendo absolutamente nada" para tratar de frenar esta lacra, sentencian desde Génova en donde recuerdan que "el PSOE anterior a Pedro Sánchez defendía la propiedad privada pero ahora ha virado a los postulados de la izquierda más radical y niegan que exista un problema con la ocupación".
Frente a ello, el Grupo Parlamentario Popular ha explicado esta iniciativa que propone "la recuperación del delito de usurpación de bien inmueble con penas de 3 a 5 años". También quieren que el "desalojo en el caso de flagrante delito" se pueda realizar "de forma inmediata". Y en el caso de que no sea así, que "el desalojo pueda llevarse a cabo en 24 horas".
En su proposición, los populares también buscan impedir que aquellos que están ocupando un inmueble de manera ilegal se puedan empadronar en la localidad y así tener acceso a determinados beneficios de las administraciones públicas.
También piden "endurecer las penas en los casos que se traten de fenómenos mafiosos". La ocupación, explican, "empeora enormemente" no solo la situación de las comunidades de vecinos afectadas, sino también la de los barrios "porque en muchas ocasiones, este fenómeno va vinculado a otros de delincuencia común o tráfico de drogas".
En su Proposición de Ley, los populares exigen además "habitar la posibilidad de que las comunidades de propietarios, como personas jurídicas, puedan iniciar los procesos legales que la legislación actual no permite" porque "muchas veces son los vecinos son los primeros en enterarse" de la ocupación ilegal.