El Gobierno progresista de la transparencia que prometió Pedro Sánchez ha resultado ser el más opaco de la democracia. Tras las reiteradas negativas del presidente de hacer público los motivos del abusivo uso del Falcón, ahora también se niega a revelar lo que cobra su legión de asesores.
Así, el Consejo de Transparencia se ha visto obligado a emplazar al Ministerio de la Presidencia a detallar cuántos asesores hay adscritos al Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, qué tareas tiene encomendadas cada uno de ellos, cuál es su currículum y cuánto cobran.
En concreto, el órgano encargado de velar por la correcta aplicación de la Ley de Transparencia, da un plazo de diez días al departamento que dirige Félix Bolaños, para remitir todos esos datos a la persona que los solicitó hace ya casi un año y cuya petición fue desoída por Presidencia. Como todas las que han hecho desde la oposición y los medios de comunicación, a los que el Gobierno ha hecho caso omiso.
Y es que, según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, Moncloa optó por el silencio y no contestó a la petición de información, lo que llevó al reclamante a presentar una queja ante el Consejo de Transparencia que ahora ha sido estimada.
Además, el órgano que preside José Luis Rodríguez Álvarez recrimina al ministerio que tampoco haya presentado alegaciones durante la tramitación de la reclamación, ya que, al no comunicar los motivos en los que sustenta su negativa, "dificulta considerablemente" la tarea del Consejo de Transparencia de "pronunciarse sobe la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada".
"Ahora bien, esta falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública", remarca el escrito.
"A estos efectos, --abunda-- es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación".
En este contexto, el Consejo concluye que los datos relativos a los asesores tienen la "condición de información pública" y que, dado que Moncloa no ha justificado la aplicación de algunos de los límites previstos en la ley ni la concurrencia de una causa de inadmisión, debe remitirse al solicitante.
Por todo ello, emplaza al Ministerio de la Presidencia a detallarle el número total de puestos de trabajo eventuales adscritos a la Presidencia del Gobierno, el número de asesores y vocales asesores adscritos al Gabinete del presidente, las funciones o tareas encomendadas a cada uno de ellos, la titulación académica y experiencia profesional acreditada por los mismos y las "retribuciones íntegras" que percibieron en 2020. Está por ver que el Gobierno acceda esta vez a comportarse como un ejecutivo democrático y no haga gala del autoritarismo y la opacidad a las que acostumbra.