Pedro Sánchez llegó a Moncloa abanderando un mensaje de regeneración democrática y transparencia en la gestión. Pero las dos grandes crisis a las que se ha tenido que enfrentar en estos años —la pandemia del covid-19 y la crisis energética como parte de una grave crisis económica con una inflación desbocada— han desvelado una forma de gestionar y de gobernar que, como poco, puede ser calificada de peculiar, que se manifiesta en la toma de medidas arbitrarias, poco fundamentadas y consensuadas, casi siempre por la vía del Decreto-ley.
Comité de expertos fantasma y no justificación técnica
Durante la pandemia el Ejecutivo tuvo que tomar graves decisiones que fueron muy contestadas y criticadas. Para justificar esas medidas que muchos consideraban, con razón, arbitrarias y acientíficas, Pedro Sánchez se escudó una y otra vez en la autoridad de los expertos.
Pese a las reiteradas preguntas en sus comparecencias ante los medios, y a las exigencias del Consejo de Transparencia de que facilitase los nombres de los integrantes de ese ignoto comité de expertos, el Gobierno se negó reiteradamente a hacerlo alegando "motivos de protección de datos".
Pedro Sánchez no sólo se negó a facilitar esos nombres, sino que desdeñó al Consejo de Transparencia y se escabulló de sus requerimientos alegando que debía consultar a sus expertos antes de facilitar los nombres. Posteriormente Illa confesó que no había comité de expertos. Meses después, se dio una lista de técnicos del ministerio, pertenecientes al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Ahora, con el Decreto-ley de ahorro energético aprobado en Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto, parece que vuelve a repetirse la jugada de legislar sin basarse en informes o recomendaciones de expertos que sean de conocimiento público y accesibles a los ciudadanos y, muy especialmente, a los sectores que se van a ver afectados por la medida. Y si existen esos informes, igual que el comité de expertos de la pandemia, nos quedaremos sin saber cuáles son, porque no se harán públicos. Al menos eso es lo que se deduce de la respuesta que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico le dio a Libertad Digital el pasado 5 de agosto.
Libre Mercado se puso en contacto con el departamento de prensa del Ministerio de Transición Ecológica para interesarse por los motivos que había detrás de las medidas intervencionistas aprobadas por el Consejo de Ministros. La respuesta pasó de preguntar a qué informes nos referíamos, a señalar que "haberlos, haylos", como las meigas, pero que no los veremos. Tampoco fueron transparentes sobre los cálculos detrás de la estimación del ahorro energético del 7%, prometido por el Gobierno.
Según destacaron fuentes del Ministerio de Ribera, ese nivel de ahorro llegará cuando se apruebe el plan de contingencia el próximo mes de septiembre. Lo que hemos conocido ahora, esta intervención de termómetros, luces y puertas de centros comerciales, grandes superficies, cines y estaciones, son unas pocas medidas "que buscan sobre todo hacer pedagogía" y acostumbrarnos a los españoles a lo que viene.
Dicho sea de paso, tampoco nos han explicado que las medidas adoptadas por España son, con mucho, las más duras del continente. Ni siquiera Alemania, que sí tiene una urgente necesidad de ahorro de consumo de gas por su dependencia del combustible ruso, ha torcido la mano de su población como lo ha hecho Sánchez en España.
Para abordar la crisis de inflación que sufrimos en España, de las peores de Europa, el Gobierno también se ha sacado algún conejo de la chistera sin encomendarse a comité de expertos alguno. Así fue concebido la famosa "isla energética" o "excepción ibérica" por la que Sánchez quiso "topar el precio del gas". Nada había en el dossier cuando trató de convencer a sus socios europeos, más allá de una idea. Finalmente se puso en marcha con nulos efectos sobre el precio de la energía, más que beneficiar a los ciclos combinados y multiplicar la demanda de gas de estos.
¿El mejor según los rankings internacionales?
Otro rasgo que adorna la gestión del Gobierno Sánchez es que, cuando se ve criticado o interpelado por los medios, se saca de la chistera el apoyo de los rankings internacionales. Ya lo hizo durante la pandemia y vuelve a hacerlo ahora a propósito del plan de ahorro energético.
España entró en la pandemia de coronavirus encabezando todos los rankings negativos a nivel internacional. Para contrarrestar esos malos datos, Pedro Sánchez se sacó de la manga el 28 de abril de 2020 un supuesto ranking que situaba a España entre los países que más test de coronavirus realizaba. Concretamente se refería al ranking de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore (Maryland) que mostraba que España era el quinto país del mundo que más test de coronavirus había hecho. Sin embargo, tal ranking no existía, como desveló la CNN que acusó al presidente del Gobierno español de mentir.
Tras esta acusación de la CNN, una periodista de la cadena norteamericana intervenía en la rueda de prensa del sábado posterior para pedir a Pedro Sánchez que hiciera público dicho ranking, cuya existencia negaba la propia Universidad Johns Hopkins. La reportera explicó que el Ministerio de Sanidad había rechazado responder a sus mensajes y correos electrónicos sobre este asunto. Pero el jefe del Ejecutivo español optó por echar balones fuera evitando referirse al inventado informe del centro universitario de Baltimore.
Esto de sacarse rankings inventados parece que es marca de la casa, pues el mismo modus operandi ha utilizado el Gobierno para salir al paso de las críticas a su plan de ahorro energético. El pasado 9 de agosto el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, hacía referencia a unos desconocidos rankings para presumir del "mejor plan energético de Europa".
Una vez más, Libertad Digital se puso en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para que le informasen de a qué rankings se refería el ministro Bolaños. Con diligencia y prontitud, cosa que no es muy habitual en los servicios de prensa del Gobierno en contra de lo que se pueda pensar, el departamento de Ribera remitió a Libertad Digital un correo en el que se daba la referencia y enlace a uno de esos "rankings" que ponía a España como el país en el que más duras habían sido las medidas adoptadas. Puntualizaba el Ministerio que había otros rankings, pero que como estaban en alemán y en el departamento de prensa del ministerio nadie domina el idioma, que no lo habían podido incluir en el envío.
Pero la principal sorpresa vino cuando comprobamos que no se trataba en realidad de un ranking, sino de un artículo en la prestigiosa revista Politico, elaborado por dos jóvenes periodistas del medio a quienes habían encargado elaborar un resumen de las medidas puestas en marcha por los distintos países de Europa y que otorgaran una nota a cada uno de ellos, pero... ¿una nota en virtud de qué factores? Los periodistas se marcan como frontispicio a Diógenes, el filósofo que, dicen, hizo de la pobreza virtud, y así dieron la nota más alta al plan más ambicioso en la consecución de ese objetivo de miseria: España campeona, fue su conclusión.
🇪🇸⚡️El plan de ahorro energético de España encabeza la clasificación de #BrusselsPlaybook
Con una puntuación de 8⃣ sobre 1⃣0⃣
📢"Spain has taken a more radical approach than other EU countries"
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— Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) August 6, 2022
En definitiva, que ni ranking importante, ni ventajas para los españoles.
Los varapalos del Tribunal Constitucional
Si la gestión arbitraria, cuando no autoritaria, de la pandemia acabó en el Tribunal Constitucional, con varios varapalos judiciales para el Gobierno de Sánchez, habrá que esperar a ver qué pasa con el Decreto-ley de ahorro energético que al menos la Comunidad de Madrid tiene pensado recurrir basándose en varios puntos que podrían ser considerados inconstitucionales.
Sea como fuere, tanto la gestión de la pandemia como la actual crisis energética han mostrado la peor cara de un Gobierno que dice abanderar la transparencia en la gestión y la regeneración democrática.