El Gobierno vasco recibió la transferencia de la competencia de prisiones el 1 de octubre de 2021. Se convertía así en la segunda comunidad autónoma -tras Cataluña- con capacidad para gestionar las cárceles que hay dentro de su territorio y el futuro de los presos que hay en el interior de las mismas. Fue uno de los múltiples pagos políticos del Gobierno de Pedro Sánchez al PNV por su apoyo en el Congreso de los Diputados.
El Ejecutivo de Vitoria siempre fue claro en lo relativo a cómo quería gestionar estos centros. A su juicio, la pena de privación de libertad debe ser algo totalmente excepcional y su prioridad iba a ser que salieran de las cárceles lo antes posible. Así lo dijo, incluso, la consejera vasca de Justicia, María Jesús San José, en el último pleno monográfico sobre prisiones que se celebró en el Parlamento vasco, cuando se empezó a negociar el traspaso de esta competencia.
La realidad es que una vez han asumido la gestión de los centros penitenciarios están cumpliendo con lo que habían anunciado, lo que está beneficiando de manera importante a todos los terroristas de ETA que el Ministerio del Interior está trasladando en los últimos años al País Vasco. Primero, con un primer movimiento de acercamiento. Después, con el envío directamente a cárceles vascas. De hecho, ahora mismo el 70 por ciento de los presos de ETA están ya en el País Vasco o Navarra.
El chollo que para los terroristas de ETA ha supuesto que el Gobierno vasco y el PNV controlen estos centros se puede ver en las cifras. Desde el pasado 1 de octubre, hace menos de un año, la consejería vasca de Justicia ha dado luz verde al paso al tercer grado penitenciario o regímenes de semilibertad a 25 terroristas de ETA. El Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska ha concedido 28 en cuatro años.
Este mismo mes de agosto se han aprobado seis terceros grados. Tres de los etarras beneficiados tienen delitos de sangre: Lierni Armendariz González de Langarica (participó en los asesinatos de Ernest Lluch, José Luis Ruiz Casado, Miguel Gervilla y Francisco Cano), Juan Carlos Subijana Izquierdo (colaboró en el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado Carrera) y Igor Martínez de Osaba (participó en el asesinato del guardia civil Alfonso Parada Ulloa).
Los otros tres fueron condenados por delitos relaciones con su actividad terrorista, pero no tienen delitos de sangre. Se trata de Zigor Orbe Sevillano (condenado por terrorismo callejero, quemó un autobús en Basauri), Santiago Vicente Aragón (condenado por depósito de armas, tenencia de explosivos y falsedad documental) y Aitor Herrera Vieites (condenado por depósito de armas y estragos terroristas).
El único impedimento que existe, de momento, a la barra libre de excarcelaciones de terroristas de ETA que ha puesto en marcha el Gobierno vasco es la Audiencia Nacional. Cada una de estas progresiones penitenciarias hasta el tercer grado tiene que ser confirmado por el juez de Vigilancia Penitenciaria, que tiene capacidad para revocar la decisiones que sobre los terceros grados toman tanto Instituciones Penitenciarias como las consejerías de Justicia del País Vasco y Cataluña.
De momento, ya han sido revocadas dos de estas decisiones. Se trata de las relativas a los etarras Iñaki Bilbao Gaubeka y Gorka Martínez Ahedo. Y quedan pendientes de resolver otros nueve recursos presentados por la Fiscalía, según datos del Observatorio de la Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). A estos se podrían sumar, o no, posibles recursos sobre los ocho terceros grados aprobados por el Gobierno vasco entre julio y la primera quincena de agosto.