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Sánchez puede celebrar sus elecciones sin calefacción: Bruselas alerta ya de dos años de cortes de energía

Sánchez pretende convocar elecciones entre diciembre de 2023 y enero de 2024.

Sánchez pretende convocar elecciones entre diciembre de 2023 y enero de 2024.
EFE

El real decreto de cortes de luz y gas de Pedro Sánchez ha exagerado las restricciones impuestas a los establecimientos y comercios privados y ha omitido cualquier medida significativa por parte de su propio Gobierno como, por ejemplo, haber anulado el cierre de las nucleares -que generan en España el 25% de la energía-, o haber lanzado una rebaja fiscal para que las familias y empresas hubiesen podido afrontar la escalada de precios de la luz, el gas o los carburantes de los vehículos. Pero un dato especialmente llamativo mantiene una grave discordancia entre el plan de Bruselas y el decreto de Sánchez. Y es que la Comisión Europea no habla de un año, sino de dos ejercicios -con sus respectivos inviernos- de restricciones energéticas, y Sánchez sólo anuncia supuestos preparativos y cautelas para un año. El segundo de los años es, de hecho, en el que Pedro Sánchez pretende celebrar sus elecciones generales, que podrían celebrarse con limitaciones en las calefacciones de los votantes.

El texto europeo del que debían emanar las normas nacionales de ahorro energético es muy claro a este respecto. Y bastante distante con respecto al real decreto del Gobierno: "Los Estados miembros deben tener libertad para elegir las medidas adecuadas para lograr la reducción obligatoria de la demanda" y, a la "hora de determinar qué medidas son adecuadas para la reducción de la demanda y establecer las prioridades entre grupos de clientes, los Estados miembros deben recurrir a las medidas que figuran en la Comunicación titulada «Ahorrar gas para un invierno seguro», de 20 de julio de 2022". En ese segundo documento se señala que "los Estados miembros deben considerar medidas económicamente eficientes, como subastas o licitaciones, que les permitan incentivar la reducción del consumo de manera eficiente desde un punto de vista económico. Las medidas adoptadas a nivel nacional también pueden incluir incentivos financieros o compensaciones para los participantes en el mercado afectados". Esta segunda parte, la de los incentivos, ha sido directamente obviada por Sánchez. Y, para colmo, la primera parte de este punto ha sido jalonada por socialistas y comunistas con la confirmación del cierre de la energía nuclear, que genera el 25% de toda la luz consumida en España. Porque, por lo visto, frente a una fuerte crisis energética, la mejor medida que se le ha ocurrido al Gobierno es la de reducir la generación de energía. Y subir los impuestos y cotizaciones, por supuesto.
Bruselas da más detalles de lo que deberían esperar las familias y empresas de sus respectivos Ejecutivos. "Toda medida adoptada por los Estados miembros para lograr la reducción obligatoria de la demanda debe estar claramente definida y ser necesaria, transparente, proporcionada, no discriminatoria y verificable, y no debe alterar indebidamente la competencia o el correcto funcionamiento del mercado interior del gas ni poner en peligro la seguridad del suministro de gas de otros Estados miembros o de la Unión", aclara el documento de la Comisión Europea. Y, "sobre la base de la información disponible, es probable que durante al menos los dos próximos inviernos esté presente el riesgo de perturbación grave del suministro de gas a la Unión", sentencia la UE.

Sánchez, por el contrario, habla en público de un único año de apretones de cinturón en materia energética. Lo que quiere decir que, al margen de la ineficacia de las medidas incluidas en el real decreto actual del Gobierno, lo que está claro es que, de cara a ese segundo año -o, mejor dicho, segundo invierno-, no hay medidas. Porque, de hecho, Sánchez quiere levantar las restricciones justo antes de las elecciones generales que puede celebrar en diciembre del próximo año o en enero de 2024.

"Por consiguiente, el presente Reglamento debe tener una validez de dos años a partir de su entrada en vigor. Al final del primer año de aplicación del presente Reglamento, la Comisión debe informar al Consejo sobre su funcionamiento y, en su caso, proponer que se prorrogue su validez", confirma Bruselas.

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