Si nada lo impide el próximo 3 de septiembre tendrá lugar la undécima edición del conocido como "Ospa Eguna". Se trata de una jornada de acoso y odio contra los guardias civiles a los que se les pide que abandonen la localidad navarra de Alsasua.
Una localidad que aún hoy permanece en nuestra retina porque fue allí donde dos guardias civiles y sus parejas sufrieron una salvaje agresión a manos de un grupo de unas 50 personas que la Guardia Civil relacionó entonces con la izquierda radical vasca. Ocurrió en 2016 y, a pesar de ello, en esta población se sigue acosando a los agentes del Instituto Armado.
Vox pide su suspensión
Es por esto por lo que desde Vox se han fijado el objetivo de acabar con esta persecución a los agentes. Para ello la formación que dirige Santiago Abascal ha remitido un escrito a la Delegación del Gobierno en Pamplona en el que solicita la suspensión de este acto programado para el próximo 3 de septiembre.
En el texto rubricado por la Vicesecretaría Jurídica Nacional de la formación de Abascal se denuncia que el objetivo de este acto es "mostrar rechazo a la Policía y a la Guardia Civil, así como "difundir la idea de que sus integrantes no son dignos de respeto y autoridad".
No solo eso, añaden desde Vox, que de forma absolutamente falsa se propaga la idea de que los agentes son los causantes de una represión a los trabajadores para crear en el imaginario de sus seguidores la idea de la maldad de los integrantes de estos Cuerpos de Seguridad del Estado y conseguir con ello difundir el rechazo hacia los mismos.
Atendiendo a la legislación vigente añade la Vicesecretaría bajo la dirección de Marta Castro que la finalidad de este acto es "constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo, de acuerdo con el artículo 578 del Código Penal, y de un delito de odio, artículo 510 del CP".
Además desde Vox recuerdan que este acto de acoso "debe ser suspendido por la Subdelegación del Gobierno de acuerdo con la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que establece que el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas". Añaden que "las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición, y prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas".
En este sentido, y atendiendo al destinatario del documento, desde Vox señalan para finalizar que "los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores".