Dicho y hecho. Justo después de confirmarse la decisión de nueve vocales del Poder Judicial de no aceptar el chantaje del Gobierno para fraguar el asalto del PSOE al TC —tal y como publicó Libertad Digital—, el Gobierno ha intensificado sus presiones. Y el nuevo mecanismo de tensión, en caso de conseguir triunfar, marcaría todo un hito en los rodillos institucionales: el Gobierno presiona para forzar un dimisión de vocales en el Poder Judicial y romper, precisamente, el bloque de miembros de este organismo que se han negado a las coacciones previas.
La tensión no baja, sino todo lo contrario. Pedro Sánchez se ha comprometido ante ERC y Bildu a forzar la interpretación de la Constitución para dar cabida a los nuevos pasos separatistas. Y, como la izquierda no cuentan con la mayoría necesaria para abordar una reforma de la Carta Magna según las exigencias legales, necesita un TC arrodillado con el que forzar la interpretación constitucional.
Por todo ello, Sánchez no bajará su presión sobre la Justicia y el TC. Y, en esta ocasión, ambas líneas de coacción se han unido. El presidente aprieta las tuercas de cara al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de este jueves. Quiere que el alto organismo encargado del Gobierno de los jueces autorice y avale con sus votos su plan de asalto al Tribunal Constitucional: alterar la actual mayoría de los doce magistrados introduciendo a dos jueces cercanos a sus intereses y propósitos. Y es que, sin el pacto de renovación de los dos magistrados que debe impulsar el CGPJ, no se deberían poder renovar los dos jueces que quiere inyectar Sánchez para controlar el TC, según regula la Constitución: forman parte de un mismo tercio de renovación —cuatro magistrados del total de doce— y la Carta Magna deja claro que se deben renovar de cuatro en cuatro, no de dos en dos. Eso significa que si el Poder Judicial no pacta los suyos, los del Gobierno no entran. Por eso, Sánchez ha ordenado que sus alfiles políticos y jurídicos intensifiquen la presión.
La nueva mecánica de tensión ha merecido ya hasta un comentario por parte del actual presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien ha comentado en la apertura del año judicial que descarta una "renuncia colectiva" de los vocales del Consejo pero admite que una "renuncia individual" sería "admisible". La enigmática frase ha abierto todo tipo de interpretaciones sobre la posibilidad, incluso, de la dimisión del propio Lesmes para forzar una renovación del CGPJ que permitiese acabar con el grupo de bloqueo a los planes de Sánchez de asalto al TC.
Pero, lo que es seguro, es que la frase aludía a las actuales presiones de la izquierda y de Jueces para la Democracia para que dimitan vocales del Poder Judicial y forzar, de ese modo, la caída en bloque del organismo. Y esa caída es la que pretende aprovechar Pedro Sánchez para introducir nuevos vocales cercanos a sus tesis políticas.
Cuatro vocales impulsados por la izquierda en el seno del Pleno del Poder Judicial son estos momentos los principales impulsores de los mensajes de presión dentro del CGPJ. Lo más llamativo es que una de ellas tiene un interés personal y directo: el máximo candidato para presidir el TC en caso de triunfar el asalto socialista es Cándido Conde Pumpido. Y una de las vocales del Poder Judicial que trabaja activamente para que eso ocurra es su mujer, Clara Martínez de Careaga.
Los cuatro vocales especialmente activos en la defensa del asalto socialista al TC son los siguientes: Rafael Mozo Muelas, líder de la izquierdista Jueces para la Democracia en el CGPJ; la mencionada Clara Martínez de Careaga, casada con Cándido Conde Pumpido y vocal también del CGPJ —fue nombrada por el Congreso vocal del Consejo General del Poder Judicial en noviembre de 2013 con el apoyo de la izquierda—; María Pilar Sepúlveda, jurista cercana al PSOE andaluz y también vocal en el CGPJ; y Álvaro Cuesta, totalmente ligado al PSOE y antiguo diputado socialista en el Congreso y concejal del Ayuntamiento de Oviedo.