La "inacción" de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha impedido reclamar 5 millones de euros del escándalo de los ERE del PSOE de Andalucía que se declararon prescritos en el Tribunal de Cuentas. Montero fue consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía entre el 2013 y el 2018 bajo la presidencia de Susana Díaz.
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital afirman que el Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, cuya titular era la magistrada Margarita Mariscal de Gante, "dictó desde 2017 hasta el final de mandato en noviembre de 2021, más de 30 sentencias condenatorias para exigir la responsabilidad contable de los primeros 20 millones de euros del caso de los ERE".
Aunque esta macrocausa de corrupción alcanza los 679 millones de euros de fraude, hasta el momento apenas han sido juzgados 20 millones en el Tribunal de Cuentas. La razón es que dicha cantidad fue denunciada en un informe de la Cámara de Cuentas andaluza, ya que la Junta que presidía Susana Díaz, única que está legitimada para exigir las responsabilidades civiles y una indemnización por el saqueo de los ERE, renunció a cualquier acción encaminada a recuperar las cantidades defraudadas por su partido.
Las mismas fuentes conocedoras de la investigación consultadas por LD apuntan que durante la instrucción "María Jesús Montero y Susana Diaz retrasaron la entrega de documentación con el objetivo de que la responsabilidad contable prescribiera en el Tribunal de Cuentas". "Cuando Juanma Moreno llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía los trámites se aceleraron, pero no se consiguió evitar la prescripción de 5 de los 20 millones de euros", añaden.
"El tribunal se vio obligado a determinar la prescripción de las cantidades que debían reintegrarse al haberse sobrepasado el plazo legal de cinco años desde la concesión de las ayudas, como consecuencia de la inacción de la propia Junta de Andalucía a la hora de reclamar dichas cantidades. Concretamente de la Consejería de Hacienda que dirigía Mª Jesús Montero", destacan.
Estas son las cantidades defraudadas por un valor total de 5 millones que prescribieron: 1.970.993 euros de Hijos de Andrés Molina, 423.492 euros de la Mancomunidad Municipios Aljarafe, 342.576 euros del Ayuntamiento de Guadalcanal, 215.384 euros Explotaciones Aroche S.L., 65.699 euros del Ayuntamiento de Camas, 450.000 euros de Clintex Lavandería Industrial S.L., 721.214 euros de Refractarios de Andalucía S.L. y 1 millón de euros de SC San Sebastián de Guadalcanal.
Según el tribunal, para poder prestar las mencionadas ayudas consideradas por el Tribunal de Cuentas como hechos dañosos, necesariamente debía contarse con la autorización de los consejeros vinculados y del propio Presidente de la Junta, por la trascendencia de los importes.
Las sentencias dictadas por Mariscal de Gante imputaban directamente la responsabilidad contable a los responsables de la gestión de fondos públicos, básicamente al que ocupaba el cargo de director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía y a las empresas que recibían las ayudas. Dicha responsabilidad no pudo extenderse a otros encausados en la causa penal por no haber sido considerado al inicio de las actuaciones en el año 2012 por las autoridades de la Junta de Andalucía. Es decir, por Susana Díaz y por la actual ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero.
Montero ‘defensora acérrima’ de Griñán
Precisamente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha convertido en una de las mayores defensoras del indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán tras ser condenado por el Tribunal Supremo a 6 años de prisión por delitos de malversación y prevaricación en el caso de los ERE.
Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo la semana pasada, Montero afirmaba que "no ha habido lucro personal por los imputados ni enriquecimiento del PSOE". En referencia al indulto de Griñán, señalaba que éste ya "asumió consecuencias políticas" porque "dimitió como presidente de la Junta" y apuntaba que el expresidente andaluz tiene derecho a solicitar el indulto.