La delicada situación que se vive en Rusia ha empujado a los padres con hijos secuestrados en dicho país a pedir al Gobierno que tome cartas en el asunto, ya que la inmensa mayoría cuentan con órdenes de restitución a España que se incumplen reiteradamente. Sin embargo, el caso de Moscú no es aislado. Tal y como denuncia la Asociación Niños Sin Derechos (NISDE), son muchos los países que hacen caso omiso al Convenio Internacional de la Haya y juzgan de nuevo hechos que ya cuentan con sentencia en nuestro país.
Los casos que más preocupan son aquellos en los que el sustractor es originario del país de destino, ya que cada estado tiende a proteger a sus nacionales. Precisamente por eso, ya en noviembre de 2018, NISDE solicitó una reunión con el Ministerio de Justicia con el objetivo de impulsar un protocolo de actuación que sirviera para dar herramientas a los jueces españoles a fin de garantizar el regreso de los menores secuestrados.
"Ya que el país de destino incumple el Convenio de La Haya, y que haga lo que haga no van a devolver al niño, entonces lo mejor es otorgar la custodia a la madre sustractora y que sea el padre quien vaya a ese país a solicitar el derecho a visita", les espetó la Directora General de Cooperación Jurídica Internacional.
Lejos de defender a los progenitores españoles, y estudiar de qué manera el Gobierno podía contribuir en su defensa, Ana Gallego llegó a justificar ante ellos la decisión de la madre de secuestrar a sus hijos. "Si un nacional y un extranjero se divorcian, el progenitor extranjero no puede quedar condenado a vivir en España para poder ver a su hijo", alegó, reiterando que es mejor que el español pierda la custodia a favor del sustractor y que acuda al país de destino para solicitar el derecho de su hijo a comunicarse con él, aun a sabiendas de que no cumple con ningún tipo de convenio, no concede visitas, ni retorna a menores sustraídos.
Cuando el delito no importa
La respuesta del presidente de NISDE, Javier Somoza, fue clara: los tribunales extranjeros siempre favorecen a su nacional en contra del progenitor español. Si se actúa de tal forma, nuestro país remaría a su favor y dejaría desprotegidos a sus propios ciudadanos. Con el objetivo de evitar esa situación, lo que proponían las víctimas era elaborar un informe anual que recogiese los casos existentes, así como el grado de cumplimiento del Convenio de La Haya por parte de los diferentes países. De esta forma, se ilustraría a los jueces de en qué casos es conveniente "otorgar la custodia al progenitor español para dotarlo de mayor potestad ante los tribunales de otro país para recobrar a su hijo".
A pesar de que estamos hablando de madres que cometen un delito penado con cárcel, la directora general de Cooperación Jurídica Internacional zanjó por completo tal posibilidad: "Si el fin de este informe puede afectar a la no concesión de la custodia a una madre, no sería partidaria de realizarlo".
Su falta de colaboración, sin embargo, fue más allá, ya que la representante del Ministerio de Justicia ni siquiera accedió a elevar una denuncia gubernamental contra los países incumplidores del Convenio de La Haya. Su excusa: que, aunque efectivamente tenían esa potestad, dudaba de los resultados.
La reunión demuestra así que, a pesar de que es Irene Montero la única ministra que habla abiertamente de "madres protectoras", la defensa de las mujeres que secuestran a sus hijos va más allá del Ministerio de Igualdad, convirtiéndose en una cuestión de Gobierno. Da igual que se trate de delincuentes, así como el daño que puedan hacer no sólo a sus exparejas, sino a las principales víctimas: los menores que son secuestrados y a los que se priva de crecer junto a su padre.