La menor abusada sexualmente por el entonces marido de Mónica Oltra ha reaccionado a las declaraciones ante el juez de la que fuera vicepresidenta del Gobierno valenciano de Ximo Puig. Y lo ha hecho exigiendo que se investigue igualmente a Oltra por llevarla esposada ante el juez tras denunciar a su marido. La diligencia solicitada por la entonces menor de edad es descriptiva del dolor sufrido por aquella niña mientras le negaban credibilidad a las denuncias de abusos sexuales: "¿Fue ese peculiar traslado una pieza más en la estrategia de amedrentar a la víctima, desconcertándola, y poniéndola nerviosa momentos antes de declarar en juicio?"
La que fuera menor de edad y sufriera los abusos sexuales del entonces marido de Mónica Oltra ha decidido solicitar nuevas diligencias a la Justicia contra quien debería haberla creído y protegido: la entonces consejera y aún defendida líder de Compromís.
El equipo jurídico de aquella menor ha remitido un escrito al juez señalando que la "declaración prestada el pasado día 19 por la investigada Oltra manifestó que la Abogacía de la Generalidad valenciana no se había personado como acusación particular en defensa y representación de los intereses de la niña tutelada porque no existía título habilitante, alegando que la Ley 26/2018 entró en vigor con posterioridad a la incoación del procedimiento judicial". Pues bien, según ese mismo escrito la frase de Oltra es mentira: "Efectivamente entró en vigor el 25/12/2018, pero es absolutamente falso que antes de esa fecha no existiera título habilitante para la personación de la Abogacía" defendiendo a la menor. Porque "esa ley 26/2018 de 21 de diciembre de la Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la adolescencia, deroga una anterior, la Ley 12/2008 de 3 de julio, de protección integral de la infancia y la adolescencia de la Comunidad Valenciana, en vigor desde el 10/10/2008, y cuyo artículo 102 es del siguiente tenor literal: […] Asistencia letrada. Los menores, cuya tutela haya asumido La Generalitat por ministerio de la Ley, podrán ser representados y defendidos en juicio […]. Esta defensa y representación será ejercida por los abogados y letrados de la Abogacía General de La Generalidad".
Por ello, los juristas de la entonces menor reclaman otra "diligencia de investigación: Que se dirija oficio a la Abogacía General de la Generalidad a fin de que informen sobre las actuaciones, dictámenes o informes de cualquier tipo que se realizaran en relación con la posible personación como acusación particular en defensa de la menor tutelada".
Pero las nuevas diligencias solicitadas no acaban ahí: "En el apartado sexto de nuestro escrito de denuncia del que trae causa este procedimiento, ya se hizo referencia a una cuestión que todavía no ha sido objeto de la necesaria investigación. Se trata de la forma en que mi representada fue conducida y custodiada por funcionarios de la Policía Autonómica con ocasión del juicio celebrado el día 7/11/2019 ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, al que comparecía como testigo y víctima". Y es que la menor fue llevada esposada ante la Justicia.
El escrito al juez del equipo de la entonces menor recalca que "su trascendencia también resulta indudable porque, partiendo de la hipótesis más que probable de que hubo un intento de ocultar primero y desacreditar después su denuncia, no se puede descartar que ese peculiar traslado fuera una pieza más en esa estrategia: amedrentando a la víctima, desconcertándola, y poniéndola nerviosa momentos antes de declarar en juicio". El escrito recuerda que "en la Sentencia de la Sección Segunda de la A.P. consta lo siguiente sobre este extremo: MAITE vino conducida por la Policía, por encontrarse en un centro de corrección de menores, esperando a prestar testimonio en la habitación contigua a la Sala de vistas en que se iba a celebrar el juicio, permaneciendo esposada y custodiada por dos agentes de la Policía Nacional, encontrándose en dicha habitación igualmente personal de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito por lo que no existía riesgo alguno de que pudiera fugarse de la sede judicial". Y añade: "Al apercibirse de dicha circunstancia la Presidenta del Tribunal, pidió a los agentes que le retiraran las manillas a la menor, que se encontraba llorando, negándose aquellos a atender a dicha petición produciéndose una nueva victimización de la niña".
Es más, en el "Tomo I de las piezas documentales aparece el expediente gubernativo incoado por la Sala de Gobierno del TSJCV a raíz del escrito de queja presentado por la Ilma. Sra. Magistrada Da Dolores Hernandez Rueda, en el que narra como la niña se encontraba engrilletada, llorando y nerviosa, custodiada por dos policías y acompañada por dos mujeres, una de las cuales se negó a identificarse. La niña al finalizar su declaración preguntó a la magistrada si le iba a pasar algo malo".
Ahora, el equipo jurídico de la menor pide que declaren los policías y educadoras que protagonizaron aquella escena. "Sus testimonios tienen especial relevancia para confirmar cómo se produjo la conducción y custodia y determinar de dónde o de quién partió la indicación para engrilletar a la niña".