En plena crisis energética y de pérdida de poder adquisitivo de las familias, todos los socios de Pedro Sánchez al unísono han mostrado sus prioridades: conseguir desviar las investigaciones lanzadas contra el emérito para que se centren en Felipe VI y el resto de la "familia real". Pretenden hacerlo esquivando el cierre judicial y fiscal de las actuaciones por medio de una investigación comandada por el Congreso de los Diputados y lanzando una comisión que tenga capacidad hasta para acceder a datos del CNI.
Bildu, ERC, Podemos, CUP, BNG, Más País y hasta PDeCAT. Todos unidos con un mismo fin: provocar un derrumbe institucional y constitucional por medio de un ataque a la monarquía. Y, para ello, centran ahora sus esfuerzos en desviar las actuaciones contra el emérito para retorcerlas desde una comisión en el Congreso que pueda acceder a información del CNI y que amplía su foco al Rey y su familia, aunque nada de todo ello haya existido nunca como materia judicial, ni a los más mínimos efectos indiciarios.
La argumentación de todos ellos, depositada ya en el Congreso de los Diputados, no oculta su ataque: quieren investigar, pese a que ya lo ha hecho la Justicia y no ha encontrado nada, "las relaciones entre el Rey emérito y diferentes miembros de la Familia Real con la Fundación Zagatka", así como "el presunto conocimiento que puedan tener de los hechos objeto de las investigaciones los actuales miembros de la Casa Real así como el mismo Rey Felipe VI".
La documentación presentada por los comunistas, proetarras y separatistas señala que "se suceden las informaciones en relación con los presuntos escándalos relacionados con la Casa Real y, en particular, los negocios del rey emérito Juan Carlos I y los presuntos movimientos llevados a cabo por algunos estamentos estatales a fin y a efecto de tapar estas conductas". Aluden a que "recientemente, se ha hecho público el documental Salvar al Rey […] que da forma a las conclusiones de una investigación periodística que ilustran, con declaraciones y grabaciones, cómo los servicios secretos del Estado pusieron todo el empeño en intentar controlar el flujo de información relacionada con los escándalos personales del monarca".
Según ellos, "presuntamente hubo amenazas, chantaje, espionaje y persecución a examantes del Rey emérito tal y como en alguna ocasión denunciaron ellas mismas". "Además, el mismo documental habla de los negocios paralelos del Rey emérito, incluso alguna información apunta a que Juan Carlos I se amparaba en una prerrogativa otorgada por el exjefe del Estado, el dictador Francisco Franco, que le habría permitido cobrar comisiones en las compras de barriles de crudo a países con monarquías árabes".
Los socios de Pedro Sánchez admiten el "archivo de las diligencias en España y en Suiza" pero defienden que "el poder legislativo tiene la obligación de investigar los hechos para depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar, así como para asumir las medidas que se consideren oportunas para fiscalizar la actuación de la Familia Real y personas vinculadas y evitar que se puedan cometer actuaciones ilegales y/o ilícitas aprovechando la situación privilegiada que ocupan".
Y, por todo ello, reclaman una comisión de investigación pero que incluya en sus puntos una profunda ampliación de su poder, con el fin de "investigar las presuntas irregularidades cometidas", no ya por el emérito, sino "por miembros de la Familia Real, así como de sus cómplices, el origen y destino de los fondos y flujos monetarios referidos en los registros de uso de las llamadas "tarjetas black" y sus posibles influencias en la política diplomática y comercial del Estado español con Arabia Saudí y la implicación de algunos estamentos del Estado para el control de la información de los escándalos relacionados con el rey emérito".
Y reclaman igualmente a Pedro Sánchez y al PSOE que esa comisión investigue "las posibles cuentas irregulares de miembros de la Familia Real en paraísos fiscales, los mecanismos utilizados para ello y el origen de los fondos de éstas", así como "las relaciones entre el Rey emérito y diferentes miembros de la Familia Real con la Fundación Zagatka" y "el presunto conocimiento que puedan tener de los hechos objeto de las investigaciones los actuales miembros de la Casa Real así como el mismo rey Felipe VI".
Por si fuera poco, pretenden que el poder de esa comisión permita "solicitar la documentación necesaria para le realización de los trabajos de la Comisión desde el momento de su constitución", como, por ejemplo, "de los órganos jurisdiccionales competentes la documentación obrante en las diferentes causas relacionadas […] que no se encuentre afectada por el secreto de sumario" y los datos referidos a "la implicación de los servicios secretos del Estado —actual CNI, antes CESID y su predecesor CESED— en el control del flujo de información de los escándalos relacionados con el rey emérito".