La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resolverá los recursos presentados contra los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los golpistas del 1-O a principios del próximo año. Precisamente este sábado se han cumplido 5 años desde la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
La Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidía el pasado mes de mayo por mayoría de 3 a 2 estimar los recursos presentados contra los autos de la propia Sala que inadmitieron inicialmente los citado recursos. La Sala estimaba así todos los escritos presentados por PP, Cs, Vox y Convivencia Cívica Catalana, excepto el interpuesto por la entidad Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén, que se rechazaba por unanimidad.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que se espera que "la resolución sobre los indultos esté muy madura a final de año y que pueda conocerse a principios de 2023". "La tramitación es muy compleja porque son muchas partes y se están presentando numerosos escritos y alegaciones", añaden.
"El objetivo es resolver todos los recursos de forma agrupada y no que se vayan conociendo resoluciones individuales. El procedimiento es muy farragoso y hay muchas partes a las que les interesa que se tarde mucho", apuntan. Cabe destacar que los recursos sobre los indultos del 1-O están siendo seguidos y supervisados muy de cerca por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, César Tolosa, debido a la gran trascendencia del procedimiento.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que el objetivo de la Sala Tercera del Supremo es "resolver este asunto cuanto antes". Por ello, a pesar de que es difícil pronosticar una fecha exacta para conocer la decisión judicial, se descarta solventarlo antes de final de año.
Recordamos que en enero, la misma Sala desestimaba los recursos planteados por "la falta de legitimación activa". Dicha decisión era adoptada por tres votos a favor y dos en contra. Posteriormente, la Sala cambiaba su composición de magistrados y se rectificaba la decisión inicial, admitiendo a trámite dichos recursos.
El Ejecutivo indultó el junio del año pasado al exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras; a los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundò; a la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; al expresidente de la ANC, Jordi Sánchez; y al presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.
Pedro Sánchez defendía entonces que existían razones de utilidad pública para esta medida de gracia, concretamente "la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española".
Indultos en contra de la Fiscalía y del Supremo
El Consejo de Ministros acordó el indulto parcial de los golpistas del 1-O, después del informe contrario presentado por la Fiscalía y por el Tribunal Supremo, preceptivos, pero no vinculantes. La Fiscalía esgrimió que "las circunstancias que concurren en el caso no aconsejan la concesión del indulto solicitado, al no concurrir razones de justicia, equidad o utilidad pública que autoricen su concesión, por lo que el informe que se emite va a ser totalmente desfavorable". También apuntaba que "no se trata de una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales".
Por su parte, la Sala Penal del Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena afirmaba en su informe de 21 páginas que el indulto "es una solución inaceptable", que "la petición de indulto no activa una segunda instancia ante el Gobierno de la Nación" y recordaba además que "algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia".