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El Gobierno deja en la UCI a la Sala del TS encargada de los indultos del 1-O: se cerrarán 2 de sus 5 Secciones

Fuentes jurídicas consultadas por LD apuntan que "en diciembre, se tendrán que cerrar dos Secciones enteras de las cinco que componen la Sala".

Fuentes jurídicas consultadas por LD apuntan que "en diciembre, se tendrán que cerrar dos Secciones enteras de las cinco que componen la Sala".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a Oriol Junqueras. | EFE

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado en estado crítica a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que a finales de diciembre tendrá que cerrar 2 de sus 5 Secciones.

Todo ello, gracias a la Ley impulsada por el propio Ejecutivo que entró en vigor en marzo de 2021 y que impide al CGPJ en funciones realizar nombramientos. La Sala Tercera es la encargada de resolver los recursos presentados contra los indultos concedidos a los golpistas del 1-O. Dicha Ley dejará tener sus efectos cuando se renueve el Consejo General del Poder Judicial.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital destacan que "actualmente en la Sala Tercera quedan 25 magistrados de los 33 estipulados, es decir, hay 8 vacantes". No obstante, esta situación se agravará a finales de años, ya que se espera que otro magistrados de la Sala de Contencioso-Administrativo sea elegido para el Tribunal Constitucional. Finalmente, en diciembre se producirá otra baja y por tanto, sólo 23 quedarán magistrados de 33 posibles, funcionando al 70% de su capacidad.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "se tendrán que cerrar dos Secciones enteras de las cinco que componen la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La situación ahora es insostenible y a finales de año, será dramática", añaden.

Cabe destacar que las vacantes que ya existen en las Secciones están afectando profundamente al trabajo diario de la Sala Tercera. Por ello, su presidente César Tolosa está integrándose en varias Secciones distintas provisionalmente para sacar adelante los procedimientos.

En la Sala de lo Contencioso-Administrativo también se vive con gran preocupación la eventual renuncia del presidente en funciones del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. "Es una situación especialmente grave porque no se sabe qué sucederá al día siguiente de su marcha. ¿Esto va a facilitar que se renueve el CGPJ?", se preguntan.

La Sala Tercera del Supremo no sólo tiene que resolver asuntos mediáticos como los indultos a los golpistas del 1-O o el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Sobre la mesa de esta Sala del Supremo, figuran asuntos muy sensibles y económicamente relevantes.

Recordamos que el Gobierno de Sánchez ha conseguido paralizar en año y medio, 65 nombramientos del CGPJ, una cifra que se incrementará a 71 a finales de año. Además de la Sala Tercera, también se está viendo afectada la Sala Social del Supremo (Sala Cuarta). Ya hay 3 plazas sin cubrir y a final de año serán 2 más. Cabe destacar que esta Sala tendría que estar compuesta por un total de 13 magistrados. A finales de 2022, sólo quedarían 8 magistrados.

Los recursos sobre los indultos, listos en 2023

Tal y como publicó este diario, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resolverá los recursos presentados contra los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los golpistas del 1-O a principios del próximo año. El objetivo es resolver todos los recursos de forma agrupada y no que se vayan conociendo resoluciones individuales. No obstante, la tramitación es muy compleja porque son muchas partes y se están presentando numerosos escritos y alegaciones. Precisamente este sábado se han cumplido 5 años desde la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

La Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidía el pasado mes de mayo por mayoría de 3 a 2 estimar los recursos presentados contra los autos de la propia Sala que inadmitieron inicialmente los citado recursos. La Sala estimaba así todos los escritos presentados por PP, Cs, Vox y Convivencia Cívica Catalana, excepto el interpuesto por la entidad Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén, que se rechazaba por unanimidad.

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