La primera piedra ha sido lanzada por Junts. Pero el resto de separatistas, especialmente Bildu y ERC, no ocultan sus simpatías por la última exigencia del independentismo a Pedro Sánchez: que los jueces y fiscales tengan que saber catalán y vascuence en sus respectivas regiones. Se trata de un nuevo mecanismo para atraer jueces dóciles y expulsar a los ajenos al sistema de adoctrinamiento separatista.
El texto ya ha sido registrado en el Congreso de los Diputados como reforma de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.
Los separatistas argumentan su demanda señalando que "el Estado español ratificó en 2001 la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias" y que "el informe del Comité de Expertos de 31 de marzo de 2021 realizado en el marco del último ciclo de control que evalúa la implementación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias señala que, por sexta vez desde la ratificación de la Carta en 2001, España no ha hecho ningún progreso en relación al reiterado requerimiento del Comité de Ministros de los Estados miembros del Consejo de Europa a las autoridades españolas consistente en que se modifique el artículo 231 de la Ley orgánica del Poder Judicial, de forma que se establezca claramente que los procesos judiciales deben seguirse en las lenguas cooficiales si una de las partes así lo solicita (artículo 9 de la Carta)".
Los separatistas afirman que ese informe "expone que en la práctica los jueces raramente utilizan otra lengua que no sea la española, y que cuando una parte insiste en utilizar la lengua cooficial en un juicio, se aplica lo previsto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ofrece la posibilidad de habilitar un intérprete, en lugar de seguir las actuaciones en la lengua cooficial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Carta".
Junts defiende que "el Estado español no tiene razón cuando defiende que no debe modificar la LOPJ para satisfacer plenamente las obligaciones que España se ha comprometido a respetar en relación con el artículo 9 de la Carta, y que el análisis del artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial demuestra que el Estado español rehúye sus obligaciones en relación con el artículo 9 de la Carta". Para los independentistas, el mencionado informe "también denuncia el estancamiento del número de jueces y magistrados hablantes de las lenguas minoritarias o regionales y la falta de mejoras en el software y en los recursos para proveer traducciones".
Junts asegura que todo ello supone un "incumplimiento frontal, abierto, reiterado y persistente durante más de veinte años de las autoridades españolas de sus propias obligaciones en relación con el artículo 9 de la Carta, derecho interno vinculante a todos los efectos" y que implica una "renuencia al cumplimiento del derecho que conlleva una vulneración masiva de derechos de los ciudadanos españoles hablantes de lenguas cooficiales. Una situación que pone en entredicho el Estado de Derecho en España y a la que se debe poner coto de forma inmediata".
Y, por todo ello, los separatistas reclaman modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial para cambiar el artículo 231 e introducir la siguiente redacción: "En las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado", pero "en las comunidades autónomas con lengua oficial propia, las actuaciones judiciales se seguirán en la lengua cooficial cuando así lo solicite una de las partes" y, además, "los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales deberán acreditar los conocimientos suficientes de la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma".
La redacción independentista del artículo deja así el resto del texto: "Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia. De oficio se procederá a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, salvo si se trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión".
El sistema de cribado de jueces ya está en marcha.