El Congreso de los Diputados ha dado este jueves luz verde al suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al diputado del PP Alberto Casero. El Alto Tribunal achaca al que fuera la mano derecha de Teodoro García Egea indicios de delito por contratos firmados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres).
En concreto, el magistrado Andrés Palomo quiere el suplicatorio para proceder penalmente contra el diputado del PP al ver indicios racionales de "presuntos delitos de prevaricación y malversación" por determinados acuerdos y contratos de servicios.
Casero decidió no presentar alegaciones en el Congreso rehusando así aportar su versión. Tanto el debate como la votación de los suplicatorios, tanto en la Comisión del Estatuto del Diputado como en el Pleno del Congreso, se han desarrollado a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.
A partir de ahora, Batet dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.
Cabe destacar que este es un procedimiento habitual en el Congreso ya que hasta ahora se ha aprobado 32 suplicatorios y la última negativa a esta medida data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
El diputado extremeño, que fue un estrecho colaborado del ex secretario general del PP Teodoro García Egea fue noticia por su error en la votación que permitió aprobar la reforma laboral. Volvió a equivocarse hace unos días y votó a favor de investigar al Gobierno de Rajoy por la 'Operación Cataluña'.