La Fiscalía General del Estado ha decidido subirse al carro de la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio y ha ordenado tomar declaración a las víctimas y familiares del covid-19 en las residencias y centros de mayores.
Monasterio ha decidido activar en las últimas horas una propuesta, que había registrado en la Asamblea en noviembre de 2021, para crear una comisión de estudio de las residencias de mayores de la región. El objetivo principal, según recoge el texto, es "analizar las causas que provocaron la mortalidad derivada de la pandemia de la Covid-19 y establecer propuestas de mejora para evitar que se produzca una situación similar" en el futuro. "Obtener una radiografía" de lo que ocurrió en ellas durante la primera ola para poder "presentar propuestas e idas" que ayuden a mejorarlas.
Mientras, la Fiscalía General que dirige Álvaro García Ortiz ha aprovechado esta circunstancia y ha remitido hoy un oficio a los fiscales superiores en el que les insta a adoptar las medidas oportunas para que las víctimas o sus familiares sean oídos en las diligencias de investigación y procedimientos judiciales seguidos por fallecimientos en residencias y centros de mayores.
El Ministerio Público pide también en su escrito que los fiscales tengan una actuación particularmente proactiva en estos casos e interesen la toma de declaración de las víctimas o sus familiares -en especial cuando no estén personados en el procedimiento-, si no ha sido acordada de oficio por el órgano judicial.
Asimismo, los fiscales deberán asistir en todo caso a la toma de declaración de los familiares y de las personas investigadas, así como a todas las declaraciones de los testigos que sean de relevancia para el proceso.
En el oficio, la Fiscalía General pide también a los fiscales superiores que actualicen trimestralmente los datos relativos al número de diligencias de investigación en tramitación en todas las fiscalías de cada Comunidad Autónoma y el número procedimientos judiciales en curso.
Según el comunicado remitido por el Ministerio Fiscal, "la Fiscalía General del Estado refuerza así su papel de protección y tutela de los colectivos más vulnerables e impulsa el seguimiento que viene realizando desde marzo de 2020 de las circunstancias que puedan haber determinado especiales riesgos sanitarios, en ocasiones con resultados de muerte, de personas que habitan en centros residenciales".