El PNV reclama, en una de las sesenta enmiendas presentadas a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, en tramitación en el Congreso, que la figura del rey desaparezca de los títulos. Los nacionalistas piden que los títulos universitarios sean expedidos en nombre de la "autoridad académica", en lugar del monarca, tal y como figura en su petición para modificar el artículo 8 de la citada norma.
Los nacionalistas alegan que los títulos universitarios deben ser emitidos por la autoridad académica porque "es la que reconoce el correcto desempeño de la actividad académica por su titular, merecedora de su obtención".
La idea ya estuvo sobre la mesa en el primer texto que propuso el Ministerio de Universidades, aunque el entonces ministro Manuel Castells optó por desechar la idea.
Los nacionalistas, además, reclaman eliminar el compromiso de que el Estado y las comunidades destinen como mínimo un 1 % del PIB a la educación superior y defiende que "son las propias comunidades y Universidades las que soberanamente pueden y deben decidir sobre su presupuesto", por lo que la ley "debe circunscribir todo compromiso presupuestario a la Administración General del Estado".
El euskera en la universidad
También pide cambiar el nombre de la norma, proponiendo que sea "Ley Orgánica de Universidades" y que se recoja expresamente la promoción de las lenguas oficiales propias de las comunidades entre las funciones de las Universidades.
En cuanto a este último punto, considera que el articulado debe plasmar "de forma indubitada que el fomento del idioma propio de la comunidad autónoma no se limita a su difusión y aprendizaje, sino de forma principal a su utilización como lengua de transmisión académica, tanto en la docencia como en la investigación y otro tipo de actividades universitarias".
Más competencias
Otro aspecto que no gusta a los nacionalistas es el de las becas: el PNV reclama descentralizar su gestión eliminando la capacidad "exorbitante" del Estado para su regulación y propone añadir un nuevo apartado que recoja la capacidad de las comunidades para, con cargo a su presupuesto, establecer y regular íntegramente su propio sistema de becas.
También piden competencias exclusivas sobre los límites máximos de los precios públicos de las universidades. Piden que no recaiga en un órgano de coordinación entre administraciones (la Conferencia General de Política Universitaria), ya que es "una cuestión que afecta directamente a su viabilidad económica" y constituye una función de las comunidades.