La junta de portavoces del parlamento catalán ha aprobado una moción en contra de la expulsión de España de Mohamed Said Badaoui, un ciudadano de nacionalidad marroquí afincado en Cataluña desde hace treinta años y al que el Ministerio de Interior considera un "salafista" que supone "un peligro para la seguridad nacional".
La Policía Nacional tacha a este individuo de salafista y sostiene que se caracteriza por difundir el discurso más radical del islam y por ejercer un férreo control de la población musulmana en la ciudad de Reus, donde reside, y en otras. Los informes policiales destacan que Mohamed Said Badaoui se opone a las iniciativas para prevenir la radicalización islamista de los jóvenes, por imponer el uso del hiyab a las escolares de familias marroquís y aboga porque los musulmanes en España dispongan de un estatuto de ciudadanía propio y contrario al ordenamiento jurídico español.
Sin embargo, ERC, Junts per Catalunya (JxCat), la CUP y los comunes consideran que este sujeto es un modelo de integración, que lleva tres décadas en Cataluña y que es "muy activo a nivel de ciudad, tanto a nivel social, político como cultural", según la moción aprobada con sus votos y rechazada por Vox, PP, Ciudadanos y el PSC.
En el texto aprobado se declara solemnemente que "el Parlamento de Cataluña declara su apoyo al vecino de Reus Mohamed Said Badaoui, en otro caso de represión política e islamofobia por parte del Estado español, esta vez mediante la Ley de Extranjería. Declara (el parlamento) que el caso es un procedimiento de expulsión irregular en el que se ha acusado sin pruebas de un supuesto extremismo religioso y radicalismo fundamentalista, que en todo momento se ha desarrollado sin garantías para su defensa y que en ningún caso se ha basado en hechos demostrables, sino en suposiciones sobre su conducta".
Un "referente"
Separatistas y comunes defienden a Badaoui porque según ellos es un referente de la comunidad musulmana que colabora con las instituciones "codo con codo". La resolución abunda en que "se ha implicado en actividades y dinámicas de Reus y ha hecho una importante función de cohesión social, de interacción con la comunidad magrebí y musulmana de la ciudad y de muchos otros municipios del país". Y cita que han requerido su colaboración "instituciones como escuelas e institutos, los ayuntamientos de Reus y Tarragona, la Diputación de Tarragona, diversos departamentos de la Universidad Rovira i Virgili, la dirección general de Asuntos Religiosos de la Generalidad, la consejería de Justicia o la consejería de Interior a través del Área de Mediación de los Mossos d'Esquadra".
Badaoui llegó a España con su familia cuando tenía diez años. Ahora, con cuarenta, había solicitado la nacionalidad española, que le fue denegada por el contenido de sus mensajes en redes sociales y también por, según la Policía Nacional, su filiación salafista y su negativa influencia sobre la comunidad musulmana en Cataluña.
Pero Badaoui no sólo cuenta con el apoyo de los grupos separatistas y los comunes en el parlamento regional de Cataluña. El Gobierno de la Generalidad también mostró su apoyo recientemente a este individuo, cuando ya pesaba una orden de expulsión sobre él. Badaoui, a la sazón presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana (Adecom), fue recibido por la consejera de Igualdad y Feminismos de la Generalidad, Tània Verge, a finales del pasado agosto.
Verge afirmó que las acusaciones contra Badaoui eran "infundadas" y que se "penalizaba el activismo en función de la nacionalidad".