La plataforma Escuela de Todos, que agrupa a entidades como Asamblea por una Escuela Bilingüe, Impulso Ciudadano, S'ha Acabat o Sociedad Civil Catalana, entre otras, ha logrado con el apoyo de los grupos del PP y Ciudadanos, que el Parlamento europeo comisione a una delegación para analizar sobre el terreno la discriminación lingüística que sufren los castellanohablantes en Cataluña.
El propósito de la delegación europea, que visitará Cataluña en diciembre del próximo año, será comprobar si la Generalidad cumple con el porcentaje mínimo de enseñanza del español en la educación obligatoria, fijado en el 25% por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). También se reunirá con familias que han solicitado enseñanza bilingüe para sus hijos en las escuelas catalanas para comprobar si se respetan sus derechos.
La decisión de la Comisión de Peticiones de la eurocámara, que preside la diputada popular Dolors Montserrat, se produce después de una intervención el pasado febrero de representantes de la Asamblea por una Escuela Bilingüe y tras una carta que Escuela de Todos envió la pasada semana al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders en la que le informaba del pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalidad catalana para impedir la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el 25% de español en la enseñanza obligatoria en la región.
En la misiva se recordaba además que "pese a que el español es lengua oficial en toda Cataluña y materna de la mayoría de la población, las escuelas catalanas, controladas por el gobierno regional, excluyen al español de la vida escolar: las materias no lingüísticas se imparten todas en catalán, la comunicación institucional es únicamente en catalán, la rotulación de los espacios es solo en catalán. Está mal visto expresarse en español por la presión nacionalista".
Solicitud de una investigación independiente
Al igual que se había hecho en la sede parlamentaria europea, la plataforma por los derechos lingüísticos en Cataluña solicitaba a Reynders una investigación independiente sobre la inejecución de la sentencia del 25% y que "visiten las escuelas y hablen con unos y otros profesores, que se hagan una imagen cabal de la situación que se vive en Cataluña como consecuencia de la exclusión del español como lengua vehicular en el sistema educativo".
Como se recordará, socialistas y separatistas promovieron cambios legislativos sobre la utilización de los idiomas en la enseñanza que prohíben expresamente la aplicación de porcentajes. A tal efecto se dictó un decreto del gobierno catalán y se aprobó una nueva ley en el parlamento de la región para dejar sin efecto la sentencia del 25%. Ambas normas están recurridas en el Tribunal Constitucional. Si el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera presentado recurso ante el TC, las nuevas normas habrían quedado en suspenso y la Generalidad tendría que haber aplicado la sentencia del TSJC.
"Desertización judicial"
La presidenta de Sociedad Civil Catalana (SCC), Elda Mata, ha recordado que su organización también recurrió en diciembre de 2021 al comisario europeo de Justicia para exponerle "la erosión sistemática del Estado de Derecho por parte de las instituciones autonómicas, que ni respetan el marco jurídico ni acatan las sentencias judiciales que exigen que el español sea también lengua de escolarización". Además, remitió un informe a Reynders sobre la "desertización judicial" en Cataluña por el clima de coacción al que están sometidos jueces y fiscales en la región.
Mata considera que "mientras el Gobierno de España mira hacia otro lado y elude su responsabilidad en la ejecución de las sentencias, los organismos de la Unión Europea han detectado la gravedad de la situación y están tomando cartas en el asunto. No dudamos que llegarán hasta el fondo e instarán a que en Cataluña también se cumpla la ley".