Claudia se vino con sus hijos a España en 2019, en busca de un futuro mejor para ella y su familia. A sus espaldas, una dura historia personal. Tanto es así que está con ayuda psicológica prácticamente desde su llegada. Ella sabía que los comienzos nunca son fáciles, tenían que dejar todo atrás y empezar de cero. Imaginaba que la que peor lo pasaría sería Nuria -nombre ficticio-, su hija mayor, que tenía 13 años. Pero no alcanzaba ni siquiera a imaginar todo lo que estaba por pasar.
Al poco tiempo de llegar a nuestro país la niña "entró en rebeldía", explica su madre -a la que llamaremos Claudia, por miedo a posibles represalias- para LD. Como cualquier adolescente, quería salir más y hasta más tarde. Ella intentó controlar esas ansias de libertad y por correr en la vida, poniéndole algunos límites. A la menor le parecían demasiado estrictos y el asunto se convirtió en una fuente de conflictos entre ellas. Aunque la madre nunca pensó que su hija sería capaz de hacer lo que estamos a punto de relatar.
"Dijo en colegio que yo le había pegado", señala Claudia con mucho pesar. En ese momento, nadie se molestó en investigar si lo que había dicho la menor era cierto o no. LLamaron a su madre, le dijeron que la niña estaba en el hospital, la citaron allí y en todo momento dieron por buena aquella primera versión de la pequeña, que más tarde se retrataría, como se recoge la denuncia que presentó en dependencias policiales por unos hechos que ocurrirían después, una vez está bajo la tutela de la Generalidad de Cataluña.
"Yo llegué al hospital y me hicieron firmar, diciéndome que tengo que aceptar todo lo que mi hija estaba diciendo. Y claro, esto era nuevo para mí, yo estaba en shock. Yo no sabía qué hacer. Me sentía que estaba dentro de una película", explica Claudia. Apenas habían pasado unos meses desde su llegada a España y estaba muy perdida. Pidió que le dejaran ver a un abogado, pero la increparon y le insistieron en la importancia de firmar aquellos papeles.
Lo cierto es que ella no sabía muy bien lo que estaba haciendo ni lo que estaba pasando en realidad. "Si no firmas, no aceptas, tú no vas a poder ver a tu hija", le advirtieron. Obviamente, le sonó a amenaza. "Me atacaban a mí diciéndome que sí, que yo le había pegado y que si no la quieres perder, si quieres tener días de visitas...". "Tienes que firmar", le espetaron, "para eso no necesitas de un abogado".
"Yo no soy de este país, soy extranjera, y dije: si yo no firmo, no voy a ver a mi hija. Tuve que firmar lo que ellos me decían", señala. Todo ocurrió allí mismo, en el hospital. Ese fue su primer contacto con "dos mujeres que se presentaron diciéndome que eran del DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalidad de Cataluña)". Gracias a que ella firma, todo fue muy rápido. Le retiraron la custodia de Nuria y la pequeña acabó internando en un centro de menores tutelado.
Aprovecharon su vulnerabilidad
"Yo no sabía qué era el DGAIA en ese entonces, no tenía ni idea", exclama. Tampoco se lo explicaron. Ni eso, ni el resto. "Nosotros ya te llamaremos cuando puedas ver a tu hija. Yo no sabía qué es lo que pasaba, estaba en el hospital llorando y no me permitían verla", asegura. "Al menos díganme qué es lo que tiene", les pidió, "pero no me dijeron nada". Pasaron los días y la llamaron para indicarle dónde podía ir para conversar con Nuria. Para entonces ya estaba todo hecho. Le habían quitado su custodia.
Pasados unos días, la llamaron y le indicaron dónde podía ir para ver a su hija. Durante el encuentro, Claudia reclamó a Nuria una explicación. Aún no habían tenido oportunidad de hablar. "Ella se arrepintió y me contó: conoció una compañera que le dijo que era la única manera de ser libre, de salir a la hora que ella quiera y tener la libertad que en tu casa no tienes". "En esos centros a nadie le importa", le aseguró. Así que Nuria "cometió el error de acusarme sin haber sido".
En cualquier caso, es un episodio de sus vidas que afortunadamente han dejado atrás. Claudia fue absuelta y a Nuria le ha servido para valorar lo que tiene en casa. Eso sí, ha tenido que pagar un precio muy alto para aprender esta lección. Su experiencia en el centro de menores ha sido demoledora. Según asegura la menor, fue drogada y violada durante una cita con un hombre con el que ella y una amiga había quedado para mantener sexo por dinero.
Coacciones y mentiras
Las menores tardaron un mes en decirlo en el centro. Pero la reacción de sus responsables al enterarse de los hechos fue la intentar ocultarlo y no denunciar. No querían que Nuria se lo contase a su madre, así que la castigaron duramente para intentar disuadirla de esa idea. "Me han hecho dormir en el suelo para que no te contara todo esto", le aseguró a su madre en una charla a tres, con su tutora. La responsable del centro no negó el castigo y tampoco que le hubieran pedido a la niña que no informara a su madre.
De hecho, cuando la citan para esa conversación presencial en la que supuestamente le iban a comunicar "algo" que había "pasado" y que no eran "tan grave", no le dicen lo que la niña asegura que ocurrió el día de los hechos. Se lo vendieron como una relación sexual consentida. No es hasta que la menor está delante -a reclamo de la madre- cuando la tutora admite que lo que la menor les ha contado cuatros semanas atrás es que ha sido violada.
Lo mínimo esperable es que hubieran acompañado a la menor a denunciar para que se investigara lo ocurrido. Ni siquiera el hecho de que no hubieran dado credibilidad al relato de las niñas justificaría su inacción. "En España no se puede consentir con 14 años (la edad que tenía la menor en el momento de los hechos)", nos recuerda su abogado. El Código Penal recoge que la edad de consentimiento sexual de un menor es a partir de los 16 años, desde 2015.
Situación jurídica
El procedimiento por la violación de Nuria sigue abierto. Y, a pesar de la dureza de las acusaciones, el presunto agresor se encuentra en libertad y sin medidas cautelares, porque ni la acusación ejercida por la Generalidad ni la Fiscalía las han pedido. Todo parte de un error de partida, nos explica el abogado de la niña: cuando ella denuncia, no se le asignó abogado de oficio, como es habitual en el caso de menores. En su opinión, los Mossos deberían de haberlo solicitarlo. Pero, al no hacerlo, eso ha dado lugar a "una serie de inconvenientes".
"Cuando lo identifican, lo detienen y lo llevan al juzgado de guardia" como "la víctima no tiene abogado de oficio y el fiscal no pide prisión provisional ni ninguna otra medida que garantice presencia del investigado" pues el juez no determina ni una cosa ni la otra. De ahí también lo que ocurre con posterioridad. Como procedía, se toma declaración a la menores por parte de los psicólogos del juzgado, asiste el fiscal, y el investigado va a declarar al juzgado. Pero cuando éste tenía que acudir por segunda vez (declaración indagatoria), su abogado presenta un escrito parta solicitar la suspensión del procedimiento porque su cliente se ha ido a trabajar a Venezuela, donde -recordamos- no hay extradición.
En consecuencia, se vuelve a señalar otra fecha para que acuda a declarar y su defensa repite operación. Esta vez la excusa era que no había podido hacer unos trámites para convalidar sus billetes. El abogado de Nuria ha pedido "que se acuerde su prisión provisional, se le retire el pasaporte o se le haga ir a firmar cada 15 días (comparecencia Apud Acta del investigado)". A día de hoy, la acusación está a la espera de que la fiscalía se pronuncie, "diga si apoya o opone a la petición".