La última bomba de relojería legislativa contra la Guardia Civil ha venido en forma de modificación de la orden general que regula los agentes en funciones de control de fronteras. Todo un plan de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska para forzar una paulatina sustitución de los guardias actuales por los Mossos justo en el área que más apariencia de supuesto país puede dar a la Generalidad separatista: el control de las costas y las fronteras.
La norma en cuestión es la Orden General por la que se modifica la OG 21/2021 de 9 de septiembre: la que regula la especialidad de fiscal y fronteras de la Guardia Civil.
Los cambios introducidos en esa orden no reconocen "a todos los guardias de la 126 promoción que hayan realizado sus prácticas en unidades fiscales para que continúen comisionados en ellas", tal y como señala la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL. Y los puestos no cubiertos coinciden, casualmente, con un avance de los Mossos d’Esquadra en estas áreas, donde ya han empezado a operar en el mar y están recibiendo formación para hacerse cargo de la totalidad de los servicios.
Alegaciones de JUCIL
JUCIL constató los planes oficiales el pasado 21 de octubre, cuando tuvo lugar el primer día de reuniones del Grupo de Trabajo para la modificación de la Orden General 21/2021. Allí, los mandos de la Benemérita explicaron que la Dirección General quería realizar cambios "en la orden general reseñada, afectando sólo y únicamente a la disposición adicional cuarta de la orden", señalan desde JUCIL.
"Principalmente, las modificaciones consisten en una ampliación del artículo 2 y un añadido de los artículos 4 y 5. El artículo 2 se cambia de manera que se reconozca la especialidad de fiscal de oficio al personal que haya prestado al menos un año de servicio ininterrumpido dentro del periodo de 10 años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la orden, en unidades fiscales y de fronteras, desarrollando cometidos y/o funciones propias", apuntan fuentes de la Guardia Civil.
JUCIL presentó alegaciones inmediatamente para exigir que se reconociera "la especialidad no sólo a los guardias civiles que estén o hayan estado en fiscal en los últimos diez años o en la actualidad, sino también a los guardias civiles de la 126 promoción que terminaron recientemente su periodo de prácticas en unidades fiscales y que continúan comisionados en la actualidad". De hecho, esos son muchos de los nuevos relevos en las plazas de frontera y mar citadas.
JUCIL expuso que "hacer uso de los guardias de la 126 promoción que han trabajado en unidades fiscales es una buena manera de no perder profesionales con experiencia de hace más de un año en esta especialidad". Pero la respuesta de la Administración fue, tan sólo, que "estudiaría la forma de reconocer la especialidad a estos agentes", eso sí, que para ello tendrían que hacer "un curso de formación o algo similar a lo que han hecho con los guardias que realizaron las prácticas en el ARS".
La importancia del mar
JUCIL pidió entonces que "le fuera reconocida la especialidad también a aquellos agentes destinados en el Servicio Marítimo, debido a que su principal cometido es la vigilancia costera". Y, de nuevo, la Administración "se negó en rotundo, manifestando que el Servicio Marítimo era especialidad distinta". Es tan distinta que, justo en ese cometido, como ya ha denunciado JUCIL, ha empezado a operar el cuerpo de Mossos sin tener capacidad legal para ello. Y es que el mar es la expresión máxima de una frontera nacional, justo el efecto de apariencia de país que busca la Generalidad catalana.
El Gobierno ha propuesto igualmente que "al personal que se encuentre ocupando puestos de trabajo en unidades dependientes de la Zona de Cataluña, la Zona del País Vasco o las Comandancias de Ceuta y Melilla, se le reconociera de oficio la cualificación específica FFD o FFB, siempre que como consecuencia de la entrada en vigor de la orden general se modifique su puesto de trabajo a uno propio de la especialidad fiscal y fronteras, debido al cambio de las funciones a desarrollar por estas Unidades". Y esta propuesta, una vez más, contiene una trampa.
Por ello JUCIL alegó de inmediato que "el reconocimiento de la especialidad debía ser para todos los puestos de Seguridad Ciudadana de Cataluña, País Vasco, Ceuta y Melilla, siempre que el groso de sus funciones fuera puramente fiscal, debido a que en el caso de Cataluña, por ejemplo, todos los puestos catalogados como de Seguridad Ciudadana realizaban funciones fiscales sin distinción y que, en caso de reconvertir sólo determinados puestos, se crearía división entre los distintos puestos, agravando así el problema ya existente en estas zonas". De nuevo, en las zonas nacionalistas es obvio el contexto: los partidos separatistas socios de Sánchez han pedido la reducción de efectivos de la Guardia Civil.