Javier Avellaneda, el padre que lleva casi 7 años sin ver a su hijo, ha presentado una denuncia contra los policías de Palencia que se niegan a detener a su exmujer, a pesar de contar con dos condenas firmes por sustracción de menores, la última, notificada el pasado mes de septiembre.
Las sentencias del Tribunal Supremo le imponen una pena de 4 años de prisión. Sin embargo, hasta ahora, el Juzgado de lo Penal Número 1 de Palencia únicamente se ha limitado a retirarle la patria potestad del niño, pero sin quitarle al menor ni concretar cómo proceder a su detención, y eso es precisamente a lo que se acogen los agentes.
Dejación de funciones
La denuncia va dirigida en primer lugar contra José Manuel Pina, Inspector Jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, al que acusa de la "omisión de la persecución de un delito" y, por tanto, de "dejación de funciones". Al margen de que, según Avellaneda, todos los agentes de su ciudad "conocen el caso perfectamente", el pasado 30 de septiembre él mismo se encargó de enviarle un correo electrónico, notificándole las dos sentencias firmes que pesan sobre su exmujer.
En su repuesta, el señor Pina "señala que lo estudiará y ya le contará". En vista de que, pasados los días, su exmujer seguía en libertad y reteniendo a su hijo -aun careciendo ya de la patria potestad-, Avellaneda optó por llamarle por teléfono. En una conversación grabada, a la que ha tenido acceso Libertad Digital y que ha sido adjuntada a la denuncia, el Inspector Jefe "reconoce que el declarante tiene razón, que es conocedor del caso y que el problema es cómo le entregan al menor". En este sentido, José Manuel Pina se escuda una y otra vez en que, si bien ha comprobado que las sentencias son firmes, el juzgado no ha concretado cómo se tiene que ejecutar la entrega del niño y que, por tanto, la Policía no puede entrar por la fuerza en su casa. "Al menor habrá que devolverlo de una manera que no sufra en la entrega", esgrime el agente.
Ante sus retiradas excusas, Avellaneda insiste en, con independencia de lo que se decida respecto a su hijo, ellos son conocedores de que se está cometiendo un delito y que, por tanto, lo que reclama es "auxilio policial" para que detengan a su exmujer lo antes posible. El Inspector Jefe, sin embargo, vuelve a echar balones fuera y responde que no lo va a hacer sin que se lo ordene el juzgado de guardia y sin antes reunirse con el juez y el fiscal del caso para ver de qué forma actuar en lo relativo a la entrega del menor.
La connivencia con su mujer
A pesar de que dicha conversación se produjo el pasado 3 de octubre, Avellaneda denuncia que su exmujer continúa en libertad y reteniendo a su hijo. "Y esto lo que significa es que en Palencia hay un niño secuestrado por su madre con la connivencia de policías y jueces, que cobran su salario sin hacer su trabajo -denuncia desesperado-. Y estamos hablando de un niño que ya no es que esté secuestrado por su madre, es que está secuestrado por una madre que ni siquiera tiene la patria potestad".
Su mayor preocupación en estos momentos es que, tras la última sentencia del Supremo, su exmujer decida huir con el niño a otro país, tal y como han hecho otras madres en su situación, a fin de eludir la cárcel. "Imagínate que ahora se echa la manta al hombro, coge al niño y se va a Portugal, como la madre de Bastian, a Suiza, a Francia o a Marruecos, ya que su última pareja es marroquí. Lo único que están haciendo es darle tiempo", lamenta.
Además, el palentino denuncia la doble vara de medir de jueces y policías en función del género del secuestrador. "Cuando un padre y un abuelo se llevan a un niño sin consentimiento de la madre en el Monasterio de Piedra, al día siguiente ya estaban en prisión -recuerda aludiendo al reciente caso denunciado en Zaragoza-. Para que veas la diferencia de trato que hay en este país en función de si el secuestrador es un hombre o una mujer".
Más policías denunciados
Con todo, Avellaneda tiene la intención de denunciar a todos y cada uno de los policías que a lo largo de todos estos años habrían podido convertirse en "cómplices" de su exmujer. Por lo pronto, además de a José Manuel Pina, también ha denunciado a los agentes que en 2018 acudieron al colegio de su hijo -dónde tenía que ejecutarse una de las tantas entregas que le correspondían en base a la custodia compartida que legalmente ostenta- y no hicieron nada para evitar el secuestro del menor.
A todos ellos les acusa de "omisión de la persecución de un delito público, dejadez de funciones y colaboración para la comisión de un delito". En el documento, que también ha facilitado a este periódico, este padre de Palencia reitera así todos los informes y sentencias que había en el momento en el que los agentes se negaron a impedir que la mujer se llevase al menor. Entre otros, seis sentencias de custodia compartida, un auto y decreto de octubre de 2017 dando 15 días a la progenitora para que entregase el niño a su padre, un informe psicosocial que da cuenta del "dolo" de la madre hacia su hijo y se inclina por otorgar la custodia en exclusiva al padre, y una condena en firme por abandono de familia. A todo ello, se sumarían después las dos condenas por sustracción de menores.
A pesar de la insistencia del padre, la conversación grabada que se adjunta a la denuncia refleja cómo la Policía elude en todo momento favorecer la entrega al padre, bajo la excusa de buscar "el beneficio del menor", ya que, según su madre, es el niño el que no quiere irse con él. Avellaneda, que recuerda que su hijo tiene solo 10 años y, por tanto, carece de poder de decisión, lo achaca a la alineación parental que se ejerce sobre él y reprocha a los agentes que consideren que su bienestar sea continuar con una persona que no le ha llevado al colegio durante meses -motivo por el que fue condenada por abandono de familia- y que estaba acusada -ahora ya condenada- por sustracción de menores. Ahora, esa grabación será revisada por los jueces, que deberán decidir si los agentes cometieron o no un delito.