Pedro Sánchez mantiene un pacto de acción con Bildu y ERC totalmente blindado. Un pacto que se superpone a cualquier otra negociación y que marca el ritmo de la política española en todo cuanto acontece. Y la ruptura de las negociaciones entre el PP y el PSOE para renovar el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han dejado constancia de ello. El mismo día que el PP "suspendía" las negociaciones de esas instituciones, la portavoz de Otegi y Bildu en el Congreso registraba un breve documento en el Congreso: una pregunta dirigida personalmente a Pedro Sánchez y tan simple como elocuente: "¿Cumplirá con las promesas pendientes en materia de derechos?".
Bildu y Sortu han dejado constancia siempre de la existencia de una agenda paralela firmada entre los proetarras y el presidente del Gobierno. Una agenda que incluye tres puntos clave: en primer lugar, la excarcelación de los asesinos etarras; dos, la apertura de investigaciones sobre los GAL y lo que ellos denominan como torturas policiales; y tres, la legalización de los referéndum de autodeterminación y la entrega de Navarra al País Vasco para conformar su ansiada Euskal Herria. A todo ello, los proetarras lo denominan derechos.
Y hacia esos supuestos "derechos" es hacia lo que los proetarras han orientado todos sus esfuerzos. De ello dejó constancia hace justo un año el propio Arnaldo Otegi, quien plasmó en aquel momento una de sus frases más esclarecedoras de la componenda con el PSOE: "Esos 200 presos tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos".
Y hoy, las frases delatoras vuelven a surgir desde Bildu.
Ruptura PSOE-PP en la renovación del CGPJ
El 27 de octubre se paralizaban las negociaciones entre el PSOE y el PP abiertas para renovar el CGPJ y el TC. Era el PP el que bloqueaba las conversaciones a causa del empeño de Pedro Sánchez en reducir hasta la mínima expresión la pena por el delito de sedición y agradar, de ese modo, a los autores del 1-O y a los partidos separatistas que siguen pensando en la defensa de los sediciosos: en la defensa de quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes", tal y como se define el delito de sedición.
Y ese mismo día 27 se depositaba en el registro de la Mesa del Congreso de los Diputados una "pregunta al presidente del Gobierno". La autora era "Mertxe Aizpurua Arzalluz". Y el texto no podía ser ni más conciso, ni más revelador: "¿Cumplirá con las promesas pendientes en materia de derechos?".
Fin del mensaje a Sánchez.
"Promesas pendientes en materia de derechos"
Porque la entrega del TC a los planteamientos permisivos con el separatismo debía, efectivamente, impulsar el cumplimiento de lo que los proetarras consideran como "promesas pendientes en materia de derechos".
Y, tras levantarse de la mesa de negociación el PP, Bildu —que oficializó e hizo pública su alianza con ERC al inicio de la actual legislatura— ve en peligro los referéndum rupturistas legalizados y otras cesiones separatistas.
Hay que recordar que todos en el Partido Popular miraban aquel jueves 27 de octubre a Alberto Núñez Feijóo después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, airease desde primer hora de la mañana en el Congreso la intención del Gobierno de reformar el delito de sedición para beneficiar a los separatistas. El enfado entre los populares por esta confirmación pública era manifiesta y muchos en las filas del PP pedían a Feijóo que no rompiera la negociación.
Pero la negociación se rompió. Y un comunicado emitido por el PP a última hora de ese mismo día explicó las causas: aclaró que se "suspendían" las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial y del Constitucional por que era "una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado de derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo. Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España". "Es importante señalar que para aquellas personas con causas abiertas por delito de sedición actualmente las penas ya pueden verse reducidas con la única condición del arrepentimiento y el compromiso de no reincidir. Luego entonces, el único propósito del Partido Socialista con esta modificación, todo parece indicar, es un compromiso unilateral con el independentismo".
Y, efectivamente, esa parece ser la conclusión tras ver el mensaje de presión de Bildu remitido directamente al presidente del Gobierno.