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Radiografía de un mentiroso patológico: las falacias que usó Sánchez con Ferreras para eliminar la sedición

En una entrevista plagada de trampas y mentiras, Sánchez anunció la reforma inmediata del Código Penal para eliminar el delito de sedición.

En una entrevista plagada de trampas y mentiras, Sánchez anunció la reforma inmediata del Código Penal para eliminar el delito de sedición.
Pedro Sánchez entrevistado por García Ferreras en la Moncloa. | Imagen TV

La desfachatez del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus continuas mentiras para justificar lo injustificable no dejan de sorprender. El jueves, en una entrevista concedida a su periodista de cabecera, Antonio García Ferreras, en La Sexta, el presidente anunció algo ya esperado: que va a acometer inmediatamente la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición, sustituyéndolo por uno de "desórdenes públicos agravados", materializando un compromiso adquirido hace casi tres años.

Fue en enero de 2020, tres meses después de que los líderes del procés fueran condenados por sedición y malversación, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez apostó públicamente por una amplia reforma del Código Penal que incluiría la de ese delito. O sea: justo cuando necesitaba sus votos para ser investido presidente del Gobierno.

Para ocultar que lo que pretende hacer es una reforma del Código Penal a la carta, a la medida de los golpistas catalanes que son los que le permiten seguir en Moncloa, el presidente del Gobierno esgrimió en La Sexta un argumentario plagado de mentiras con el beneplácito de un entrevistador que no quiso importunar a su ilustre invitado.

Pedro Sánchez recurrió a todo tipo de trampas argumentales y mintió descaradamente al decir que él siempre había "reivindicado" rebajar las penas por sedición, porque era una forma de buscar la concordia con los catalanes. En realidad no ha sido así. En el programa Espejo Público de Susanna Grisso en Antena 3, defendió en mayo de 2018 que lo que había ocurrido en Cataluña era tipificable como un delito de rebelión —un delito mucho más grave que el de sedición que ahora va a eliminar por intereses espurios—. Como en su momento también proclamó que había que acabar con los indultos políticos.

También trató de desligar la reforma de la sedición con la necesidad del apoyo de los independentistas para los Presupuestos Generales, señalando con enorme cuajo que los separatistas no quieren en realidad la reforma de la sedición sino la amnistía de los delitos cometidos en 2017.

Es evidente que la eliminación de la sedición facilitará la vuelta a la política de los golpistas del procés, pues se rebaja la pena de prisión y la de inhabilitación para cargo público, además de beneficiar a los fugados, Carles Puigdemont y Marta Rovira. Un éxito de ERC que puede vender a su parroquia cómo el apoyo a Sánchez se ve reflejado en mejoras para los golpistas condenados o huidos.

La trampa de la semántica y la homologación europea

En la entrevista en La Sexta Sánchez utilizó la que va a ser la principal trampa argumental del PSOE, la de la nomenclatura, que consiste en decir que hay que reformar el delito de sedición para homologarnos a la legislación penal europea.

Es una trampa porque, en primer lugar, no existe algo parecido a un código penal europeo sino que cada país tiene sus peculiaridades. Y, en segundo lugar, porque no en todos los países existe la figura de la sedición, pero sí otras que recogen exactamente lo que ocurrió en Cataluña en 2017, conductas que son castigadas con penas mayores a las que se aplicaron a los golpistas catalanes. Es el caso de Alemania, donde esos hechos se consideran delitos de alta traición, castigados con penas más altas que las de la sedición en España.

La comparación basada en la semántica pura y dura ya fue desarrollada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el informe emitido durante la tramitación de los indultos solicitados por los condenados a penas de cárcel por el procés, como recogía Europa Press.

Señalaba el Alto Tribunal que "la crítica al exceso punitivo del delito de sedición castigado en el artículo 544 del Código Penal no puede ser el resultado de la comparación semántica de esa figura con tipos penales vigentes en sistemas extranjeros". Y añadía el TS que si sólo se tiene en cuenta el nombre asignado al tipo delictivo, "el sistema norteamericano reserva esa denominación para la forma más grave de atentado contra el Gobierno de Estados Unidos".

Alemania, uno de los países citados ayer por Sánchez en La Sexta para justificar la reforma, recoge en el artículo 81 de su Código Penal que serán castigado "con pena de prisión perpetua o de prisión de al menos 10 años" al que "con fuerza o amenaza emprenda acción para socavar la existencia continuada de la República Federal de Alemania o para cambiar el orden constitucional".

Cita también el TS el caso de Francia, recordando que los artículos 410.1, 412.3 y 412.4 de su CP recoge "penas de especial gravedad —que pueden llegar a cadena perpetua para los dirigentes del movimiento insurreccional— los ataques a los intereses fundamentales de la nación, entendiendo por tal su independencia, la integridad de su territorio, su seguridad y la forma republicana de sus instituciones".

En el caso de Bélgica, "el atentado que tenga por objeto destruir o cambiar la forma de gobierno o el orden de sucesión al trono se castiga con pena de 20 a 30 años, imponiendo la misma pena al delito consumado y al intentado". Portugal, en el artículo 308 de su CP, recoge como "delito de traición, con una pena de 10 a 20 años de prisión a quien, con abuso de funciones soberanas, intenta separar de la patria una parte del territorio portugués". Italia, por último, sanciona en el artículo 241 del CP "con una pena privativa de libertad no inferior a 12 años los ataques violentos contra la integridad, la independencia o la unidad del Estado".

Es decir, que al margen del debate semántico, es evidente que en países de nuestro entrono se castiga con penas mucho más duras hechos similares a los que ocurrieron en Cataluña en 2017. Pero la falacia que, una vez más, utiliza el Gobierno para poder cumplir sus enjuagues con los separatistas es que las conductas descritas en estos preceptos penales de países de nuestro entorno desbordarían el tipo español de la sedición, siendo más próximos a la rebelión, delito por el que no fueron condenados los golpistas catalanes.

Precisamente este hecho provocó en su momento un profundo malestar en la Fiscalía, que consideró que se había hecho "albañilería jurídica" en la condena por sedición en la sentencia del 1-O. "La violencia fue instrumental y el objetivo de los condenados fue siempre conseguir la independencia, saltándose el orden constitucional. Fue una rebelión y no una sedición porque se utilizó la violencia con el objetivo de independizarse".

La trampa de la antigüedad del Código Penal

Pedro Sánchez también recurrió a otra trampa argumental: la de la antigüedad del Código Penal, que más que una trampa es una flagrante mentira. Dijo ante García Ferreras que no se pueden juzgar delitos de 2017 con un Código Penal de 1822. Este argumento ya fue utilizado por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que alegaba que la sedición había sido introducida en el CP en el año 1822, y que no respondía a la realidad vigente, además de estar castigada con penas "inusitadamente altas", si se comparaba con legislaciones de países del entorno.

Efectivamente: en el CP de 1822 los reos de sedición consumada se dividían en tres clases, en función de la descripción del delito que se recogía en el artículo 280 del citado código, y las penas iban desde una condena a trabajo perpetuo, a de seis a veinte años de obras públicas o reclusión de dos a diez años (artículos 282 y 283).

Sánchez ocultó de forma consciente, como lleva haciendo desde 2020 cuando necesitó los votos de los separatistas catalanes para ser investido presidente, que las penas por sedición que se aplicaron a los golpistas catalanes son las que se recogen en los artículos 544 y 545 del Código Penal reformado por el socialista Alberto Belloch en 1995, no los trabajos forzosos a perpetuidad y otras penas del CP de 1822.

El artículo 545 del CP vigente, el de 1995, hace referencia a las penas de la sedición: "Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años". Ni sombra de los trabajos forzosos a perpetuidad.

La regulación decimonónica del indulto

Por otra parte, el argumento torticero y mentiroso utilizado por Sánchez de que no se puede juzgar con leyes del siglo XIX cae por su propio peso, puesto que este mismo Gobierno ha recurrido a esa legislación decimonónica para conceder el indulto el 22 de junio de 2021 a los condenados por el procés, en este caso por "razones de utilidad pública".

La regulación de esta medida de gracia se recoge en la Ley de 18 de junio de 1870. Curiosamente, aquí el argumento de homologarnos a otros países europeos o el de la antigüedad de la legislación no se utilizó, quizás porque no convenía a sus intereses, los de Pedro Sánchez. En países de nuestro entorno el indulto es prerrogativa del jefe del Estado o prerrogativa real, como ocurre en Reino Unido y Bélgica —no del presidente del Gobierno— y en otros tiene que tener el voto favorable de dos tercios del Parlamento (Congreso y Senado) como ocurre en Italia.

Las prisas de Sánchez

Por otra parte, y mientras negociaba la renovación del CGPJ con el PP, el Gobierno deslizó que no podría acometer la reforma del Código Penal porque no contaba con la mayoría parlamentaria necesaria para hacerlo, otra falsedad. Al tratarse de una ley orgánica es necesario contar con una mayoría absoluta —la mitad de los diputados más uno— para que sea aprobada, es decir, 176 votos a favor. A los 153 diputados con los que cuenta el Ejecutivo de coalición —120 del PSOE y 33 de Unidas Podemos— sumaría los de sus socios habituales: ERC (13), PNV (6) y EH Bildu (5), con lo que alcanza la mayoría absoluta sin problemas.

Una mentira más del Gobierno en este sainete de la sedición: tiene mayoría para hacer la reforma y se ha dado mucha prisa para acelerar todo el proceso. Horas después de anunciarlo en La Sexta, PSOE y Podemos registraban en el Congreso una Proposición de Ley para cambiar el Código Penal y eliminar el delito de sedición.

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