La Fiscalía se plantea acusar por tentativa de rebelión al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont para esquivar la amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez con los golpistas del 1-O tras suprimir el delito de sedición.
Este viernes, PSOE y Podemos presentaban su proposición de Ley orgánica que plantea derogar el artículo 544 del Código Penal sobre el delito de sedición y modifica el artículo 557 para crear lo que el propio Pedro Sánchez denominaba "desórdenes públicos agravados". Una reforma que supone una "amnistía encubierta" para todos los golpistas que organizaron y participaron activamente en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital recuerdan que "el instructor del 1-O, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, procesó en marzo del año 2018 por un delito de rebelión al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont; los exconsejeros Clara Ponsatí y Antoni Comín; y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira".
Recordamos que el Tribunal Supremo ya condenó en octubre de 2019 a Oriol Junqueras a 13 años de prisión e inhabilitación absoluta y a Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a las penas de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado.
Asimismo, condenó por sedición a Carme Forcadell a 11 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta; a Joaquim Forn y Josep Rull a las penas de 10 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta; y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a las penas de 9 años de prisión e inhabilitación absoluta. Posteriormente, fueron indultados por el Gobierno en junio de 2021. No obstante, los 4 fiscales del 1-O, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno mantuvieron su acusación por un delito rebelión hasta el final del juicio.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "existe la posibilidad de intentar llevar a juicio a Puigdemont y al resto de fugados por un delito de tentativa de rebelión", añaden. De esta forma, se intentaría evitar la impunidad decretada por el Ejecutivo para los golpistas al suprimir el delito de sedición.
En este contexto, será fundamental el papel que desempeñe respecto a este asunto el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Éste deberá fijar su postura respecto al golpe del 1-O tras la marcha de Dolores Delgado del Ministerio Público el pasado mes de julio.
El artículo 472 del Código Penal señala que "son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución", "declarar la independencia de una parte del territorio nacional", o "sustituir por otro el Gobierno de la Nación", entre otros supuestos.
Por su parte, el artículo 16 del Código Penal regula la tentativa de delito: "Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor".
La sentencia del 1-O, desactivada
Tal y como publicó este diario, el Gobierno de Pedro Sánchez ha asestado el golpe definitivo para amnistiar a los golpistas condenados y fugados del 1-O al derogar el delito de sedición y sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados.
Esta "amnistía encubierta" permite que Carles Puigdemont y el resto de fugados del 1-O puedan volver a España. Además, los condenados y fugados podrán optar a un cargo público y presentarse a las próximas elecciones si lo desean. Por último, habría que devolver las cuantías malversadas por los golpistas, que se reclamaron a los condenados por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.