Los acuerdos de la "mesa de negociación" entre el Gobierno y la Generalidad de ERC han avivado la guerra en el separatismo. La tesis de las entidades "Assemblea Nacional Catalana" (ANC) y Òmnium, de Junts per Catalunya (JxCat) y la CUP es que la proposición de ley sobre los desórdenes públicos agravados es mucho peor que el delito de sedición. El prófugo Carles Puigdemont abandera las críticas a ERC. "Mientras no se apruebe una ley que tenga un único artículo donde se diga 'queda abolido el ¡a por ellos!' no avanzaremos nunca. Cada paso adelante (para unos pocos) significa dos pasos atrás (para muchos)", ha manifestado vía Twitter.
Mentre no s'aprovi una llei que tingui un únic article on es digui "queda abolit el ¡a por ellos!", ja es veu que no avançarem mai. Cada pas endavant (per a uns pocs) significarà dos passos enrere (per a molts). https://t.co/KbEUJz0q23
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 14, 2022
El mensaje resume las líneas maestras de la crítica de gran parte del independentismo, que considera que los desórdenes públicos agravados y conceptos como el de "intimidación" pueden servir para "castigar la movilización en la calle" y que la reforma del Código Penal se lleva a cabo para favorecer a Oriol Junqueras, la fugada Marta Rovira y los encausados por la organización del referéndum ilegal que están pendientes de juicio en Cataluña, en su mayoría dirigentes y altos cargos de ERC.
"Parece redactado por Marchena"
Junts aprovecha el malestar entre las bases separatistas y acusa a los republicanos de tragar con una proposición de ley que "parece redactada por Marchena", según dijo el portavoz de los posconvergentes Josep Rius. Los diferentes portavoces separatistas se aferran a las declaraciones de dirigentes socialistas como Salvador Illa, Patxi López o la vicepresidenta Nadia Calviño, quienes sostienen la teoría de que uno de los propósitos de la sustitución de la sedición por los delitos públicos agravados es facilitar la extradición de Puigdemont.
El portavoz Rius ha insistido al hilo de las justificaciones sociales en que ERC ha negociado "sólo para ella", en alusión a las ventajas inminentes para Junqueras, que podrá volver a presentarse a unas elecciones, y para encausados pendientes de juicio como Josep Maria Jové, jefe del grupo de ERC en el Parlament o Lluís Salvadó, otro diputado autonómico de ERC. Ambos eran altos cargos de la vicepresidencia de Junqueras en el Govern golpista de Puigdemont y participaron en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
La soledad de ERC en tres actos
En Junts subrayan además la soledad de ERC, una situación que se ha manifestado en tres ocasiones en los últimos meses. La manifestación del 11 de septiembre tuvo un importante contenido anti ERC y la mayor parte de las críticas fueron dirigidas contra Pere Aragonès, el segundo de Junqueras y presidente de la Generalidad, acusado de "traidor" por la ANC. La salida del gobierno catalán de JxCat, en octubre, dejó en evidencia la debilidad de ERC, con un apoyo parlamentario de sólo 33 diputados sobre 135. Y ahora los enjuagues con el Gobierno en torno a los delitos cometidos en el golpe ha vuelto a desatar las críticas y censuras de todo el independentismo contra el partido republicano.
Tanto JxCat como la CUP y las entidades separatistas exigen a ERC que las negociaciones con el Gobierno de Sánchez se lleven a cabo a través de una delegación con la presencia de todas las facciones separatistas y no sólo a través de la Generalidad y en la llamada "mesa de negociación". El reproche sobre la "unilateralidad" de ERC a la hora de pactar la "desjudicialización" es generalizado en el ámbito del independentismo. Se les acusa además de haber renunciado al objetivo de la independencia a cambio de una reforma del Código Penal que a su parecer da más herramientas a los jueces para perseguir al independentismo.