Los altos cuerpos de la Administración del Estado se siguen rebelando contra la reforma de Pedro Sánchez diseñada para aupar a perfiles afines en cargos clave. La última, por ahora, en clamar contra la reforma ha sido la Asociación Superior de Administradores Civiles del Estado. Cuerpos como los inspectores de Hacienda no han dudado en criticar igualmente un mecanismo que no parece beneficiar en nada a la Administración Pública sino a determinadas personas cercanas a los intereses del Gobierno.
La Junta Directiva de la Asociación Superior de Administradores Civiles del Estado ha emitido un comunicado en el que señala "la total oposición al acuerdo adoptado el 3 de noviembre entre algunas organizaciones sindicales y el Ministerio de Hacienda y Función Pública para "flexibilizar los procesos selectivos de promoción interna".
Para esta asociación "dicho acuerdo ataca de manera directa a los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público, así como a la independencia y alta cualificación de la función pública. Su firma se ha producido sin diálogo ni participación de los Cuerpos Superiores del Subgrupo A1, que resultarían directamente afectados por su aprobación y su efecto inmediato sería un quebranto de la seguridad jurídica y la objetividad que impera en el acceso al Subgrupo A1".
La Asociación Superior de Administradores Civiles del Estado destaca que "el acuerdo contempla una promoción interna basada en un test y en elementos subjetivos no evaluables ni medibles, lo cual, si bien puede ser adecuado en otros supuestos, es del todo inaceptable para la pertenencia a un Subgrupo cuya misión es ocupar los puestos de mayor responsabilidad de la Administración Pública". Es más, añade que "en caso de llevarse a término, este modelo supondrá una drástica merma de las capacidades, conocimientos y méritos para el desempeño de puestos directivos y predirectivos, que caracteriza a los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado, y al nuestro particular, con el único y exclusivo objetivo de lograr una reposición de personal a costa de la calidad y cualificación requeridas y contra el interés público y los intereses generales del Estado".
El fin de la función pública cualificada
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) se ha posicionado exactamente en el mismo sentido. "Supondrá el destrozo de la Administración Pública y la muerte de una función pública altamente cualificada, independiente y profesional", señalan.
"Ante la profunda preocupación que el contenido de este acuerdo ha suscitado, la Asociación de Inspectores de Hacienda ha remitido a la ministra de Hacienda y Función Pública, a la secretaria de Estado de Función Pública, al secretario de Estado de Hacienda y a la directora general de la AEAT cuatro cartas en las que reitera el disparate e incoherencia derivados del acuerdo alcanzado", señalan los inspectores.
La IHE añade que la reforma implica "la palmaria conculcación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que, a pesar de mencionarse hasta la saciedad, no se respetan en un proceso que esconde una evidente discriminación y un absoluto desprecio por el esfuerzo del candidato, llegando a degradar hasta puntos insospechados la exigencia en la preparación técnica del futuro funcionario".
Los inspectores subrayan "la falta de transparencia que deriva de los futuros criterios de selección contenidos en el acuerdo, en el que priman, en síntesis, elementos subjetivos y de antigüedad, frente al prestigio y la objetividad de que gozan los actuales sistemas de selección".
La IHE añade, por último, que "de no atender sus peticiones, se tomarán todas las medidas oportunas y a su alcance para evitar la muerte de una Administración pública, profesional e independiente, en términos de injerencia política, y garante de la adecuada prestación de los servicios públicos del estado de bienestar".