El pacto secreto Pedro Sánchez-Oriol Junqueras sigue aflorando capítulos difícilmente justificables por el interés de España. Y es que el menú de la eliminación del delito de sedición asumido por el Gobierno incluye múltiples entrantes, platos principales y hasta postres. Uno de ellos implica una doble maniobra: por un lado, a la Guardia Civil se le genera un déficit de personal del 20% de sus necesidades, tal y como cuantifica JUCIL. Y, por otro lado, justo ese mismo porcentaje es el que Fernando Grande-Marlaska ha autorizado ya oficialmente como incremento de los efectivos de los Mossos d´Esquadra: justo otro 20%.
El puzzle se completa con los cometidos en las que se empieza a ver la restricción de las plazas actuales de la Guardia Civil. A los guardias se les rechazan plazas en fronteras y vigilancia del mar. Y justo aparecen los Mossos con embarcaciones de guardacostas sin tener oficialmente asumida esa competencia. Y es que el control de las fronteras -signo indiscutible de soberanía nacional- está en el pacto entre el PSOE y ERC.
La Generalidad de Cataluña sigue con su invasión de competencias ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. El departamento de Interior separatista ha destinado ya incluso 190.000 euros a una campaña de publicidad para promocionar lo que denomina el "Servicio de Policía Marítima". El pequeño problema es que el mar, como signo claro que constituye del control de las fronteras de un país, ha sido siempre custodiado por cuerpos nacionales, no regionales. Y, de hecho, ese cometido corresponde a la Guardia Civil.
Pero eso no es problema para la Generalidad de Pere Aragonès: el líder de ERC y presidente regional cuenta con el apoyo -y necesidad- de Pedro Sánchez. Y, por lo tanto, aunque las embarcaciones de la Guardia Civil no dejan de toparse con las de la Generalidad, y aunque la agrupación mayoritaria de la Benemérita -JUCIL- no deja de elevar protestas, pues los Mossos patrullan el mar y punto. Lo mismo que pasa con el derecho de las familias a educar a sus hijos en español en Cataluña: se incumple y punto.
De hecho, ese avance en plazas que afectan a las fronteras, se ha encontrando, casualmente, con un segundo y perfectamente coordinado movimiento. Porque la última bomba de relojería legislativa contra la Guardia Civil ha venido en forma de modificación de la orden general que regula los agentes en funciones de control de fronteras. Todo un plan de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska para forzar una paulatina sustitución de los guardias actuales por los Mossos justo en el área que más apariencia de supuesto país puede dar a la Generalidad separatista: las costas y fronteras.
La norma en cuestión es la Orden General por la que se modifica la OG 21/2021 de 9 de septiembre: la que regula la especialidad de fiscal y fronteras de la Guardia Civil. Y allí, los cambios introducidos no reconocen "a todos los guardias de la 126 promoción que hayan realizado sus prácticas en unidades fiscales para que continúen comisionados en ellas", tal y como señala JUCIL. Y los puestos no cubiertos coinciden, casualmente, con un avance de los Mossos d’Esquadra en estas áreas, donde ya han empezado a operar en el mar y están recibiendo formación para hacerse cargo de la totalidad de los servicios.
La tercera pieza de este puzzle fácilmente reconocible la ha puesto de nuevo el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska: la policía catalana, los Mossos, van a contar con 3.739 agentes más, hasta alcanzar una cifra total de 22.006, según los datos oficiales reconocidos a cierre del pasado año. Y es que Grande-Marlaska ha concedido una ampliación de un 20% de la plantilla de los Mossos d'Esquadra. ¿Y cuál es el déficit de puestos que ha cuantificado JUCIL en la Guardia Civil? Pues justo un 20%.