Pilar Alegría tiene un nuevo plan y un motivo de euforia: la inspección educativa se centrará en la implantación de la nueva Ley de Educación, la misma que plantea un adoctrinamiento sistemático en materias como la Agenda 2030, la memoria democrática y la ideología de género. En concreto, más de 300 inspectores se centrarán en ello. Justo los mismos que no reciben ni una sola orden de vigilar el derecho de los padres e hijos a que se eduque a los menores en lengua española en cualquier lugar de España.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha presentado orgullosa ante el Consejo de Ministros el plan de control e implantación de la polémica ley que incorpora a las aulas contenidos adoctrinadores en materia de ideología de género, ecologismo ultra y memoria democrática. Y ha explicado que su departamento está elaborando ya un Real Decreto específico para la inspección educativa. ¿Con el fin de evitar la vulneración de derechos educativos de los niños en zonas separatistas donde se les impide estudiar en español? Nada más lejos de la realidad: "Para generar una normativa básica que dé estabilidad". ¿Y a qué se refiere con ello? Pues a que más de 300 inspectores de educación se centren en garantizar la implantación de los contenidos adoctrinadores de la nueva ley socialista y comunista.
Apoyo a labor de los inspectores de educación
La ministra de Educación y Formación Profesional subrayó recientemente "la importancia del trabajo de este cuerpo docente para garantizar el éxito en la implantación de la nueva Ley de Educación". "Queremos mostrar nuestro respaldo y apoyo a la labor de los inspectores de educación, especialmente este año en el que se está implementando por primera vez la LOMLOE, cosa que genera dudas y situaciones novedosas en los centros educativos. Frente a este cambio, la inspección educativa juega un papel clave", ha aclarado Alegría.
"Conseguir que el alumnado desarrolle al máximo sus capacidades en un marco de equidad, igualdad e inclusivo, exige un currículo competencial eficaz, un profesorado comprometido y una Inspección de Educación que dinamice, oriente, asesore y se erija como motor de cambio en la propuesta curricular", añadió en la inauguración del reciente Congreso Estatal de la Inspección de Educación celebrado en Valencia.
Y este apoyo del Gobierno a la labor inspectora como clave en la implantación de la nueva ley educativa se verá reforzado con un real decreto específico "para generar una normativa básica que dé estabilidad. Un decreto que recogerá, fundamentalmente, la carrera profesional de los inspectores con la adecuada atención y reconocimiento", en palabras de la ministra.
Y es que Pedro Sánchez ha dado orden de que la permeabilización de esta norma en los colegios sea prioritaria. Al igual que Sánchez no ha dado ninguna orden, sino más bien lo contrario, de que los inspectores colaboren en la garantía constitucional que asiste a los padres e hijos de poder educar a los menores en lengua española en cualquier rincón de España.