El crecimiento exponencial de la actividad delictiva de las bandas latinas, así como grupos similares compuestos por menores no acompañados, ha generado una importante sensación de inseguridad en muchas ciudades españolas. Sobre todo debido al aumento considerable de los robos con violencia y las riñas tumultuarios que terminan en agresiones con arma blanca. El último ejemplo de ello han sido los dos apuñalamientos de este fin de semana en Madrid.
Es por ello que han sido muchas las voces policiales que han venido exigiendo en los últimos meses que el Ministerio del Interior pusiese en marcha un plan específico para combatir estas bandas antes de que la situación se pueda volver incontrolable. El último ejemplo de estas peticiones vino la pasada semana desde la Confederación Española de Policía (CEP), que pidió a la Dirección General del cuerpo un "plan de seguridad especial" y "urgente".
El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska ha dado este lunes un paso adelante en este sentido. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha firmado una orden para reforzar con "especial intensidad de los dispositivos policiales de seguridad, control y seguimiento diseñados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir incidentes violentos relacionados con las bandas juveniles y, en su caso, perseguir y detener a los autores".
Una orden que, según han explicado desde Interior, ha sido trasmitida a la Guardia Civil, la Policía Nacional, a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, al Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dado que en muchos de esos dispositivos participan efectivos de los cuerpos de policía municipal.
Lo llamativo, es que esta orden se mantendrá vigente hasta el próximo 15 de enero de 2023, es decir, que está destinado únicamente, según parece, a que tanto la Navidad como las semanas anteriores a la Navidad, en las que aumenta el número de personas en las calles y las celebraciones, sean lo más tranquilas posibles. Las situaciones de peligro que estos grupos pueden generar más allá de estas fiestas parecen importar menos.
El fortalecimiento de la seguridad afectará a cuatro planes que Interior tiene en marcha desde hace meses pero que no parecen causar el efecto deseado: el plan de actuación y coordinación policial frente a los grupos violentos de carácter juvenil; el plan estratégico de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en zonas, lugares y locales de ocio; el plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos; y el protocolo de actuación respecto al control de las armas blancas y otros instrumentos peligrosos.
Este aumento y refuerzo de los dispositivos policiales contra las bandas latinas y grupos similares cristalizará de la siguiente manera:
- Un aumento de la presencia preventiva policial con unidades uniformadas en aquellos lugares donde se hayan detectado actuaciones o comportamientos violentos, así como en los lugares de reunión y ocio de los jóvenes durante los fines de semana y periodos vacacionales, implementando, además, dispositivos integrados por personal no uniformado.
- Un incremento de la actividad investigadora por parte de las unidades policiales competentes, con un mayor uso de las herramientas de inteligencia policial para identificar los hechos ilícitos.
- Un mayor seguimiento de las redes sociales, páginas web y foros de internet que sean activos en la apología de conductas delictivas de tendencia xenófoba, racista, antisemita, o inspirados en el odio a las minorías o en la diferencia étnica o ideológica, así como aquéllas donde se marquen pautas de comportamiento para sus integrantes.
- Un incremento de las inspecciones a locales y espectáculos públicos y de la presencia policial a fin de controlar la venta de alcohol a menores o la permisividad al consumo de drogas por parte de los responsables de los mismos, así como un mayor control de la oferta minorista de drogas en lugares de ocio y en el entorno de los centros escolares para desarticular puntos de tráfico minorista. • Un aumento de los controles de conducción de vehículos bajo la influencia de alcohol o drogas en las zonas o lugares de ocio y en sus accesos.
- La difusión de iniciativas de divulgación y concienciación a menores y jóvenes sobre las principales amenazas que afectan a su seguridad, y de las soluciones de prevención o autoprotección para aminorar el riesgo de convertirse en víctimas de los delitos que más les afectan.