Podemos sigue manteniendo que su ley del 'sí es sí' no tiene ningún problema pese a que está permitiendo la reducción de penas y salida de prisión de violadores. Irene Montero mantiene que el problema son los jueces, que son machistas –en su mayoría las insultadas son mujeres–. Y el resto de socios de Sánchez sostienen que la ley puede haber cometido un fallo pero su intención es buena. Y, en medio, de todo ello, y del largo listado de excarcelaciones de violadores y abusadores sexuales, el PNV acaba de exigir –en línea con la rebaja de penas impulsada– la eliminación del castigo más duro para los violadores que, además de ese crimen sexual, terminan asesinando a sus víctimas: es decir, para el crimen más grave de todos los relacionados con los delitos sexuales. Y no se trata sólo del criterio aislado del PNV: la proposición de los separatistas vascos cuenta con la simpatía del resto de socios que, en esta ocasión y ante la polémica por la ley Montero, han preferido que sea el PNV el que dé el paso al frente. Pero todos los socios de Sánchez siempre han mostrado su rechazo a la Prisión Permanente Revisable.
Los nacionalistas vascos han transformado en proposición de ley orgánica su última exigencia. Y es compartida por el resto de socios de Pedro Sánchez. Nada menos que una "reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal" para eliminar la cadena permanente revisable.
Hoy por hoy, y con respaldo del Tribunal Constitucional, existe en España un castigo máximo que se aplica a los violadores que finalizan su crimen con el asesinato de la víctima. Esta pena se impuso con el único voto del PP y se ha aplicado en casos de amplia repercusión mediática como el del descuartizador de Pioz, que mató a sus tíos y a sus primos y acto seguido descuartizó los cadáveres; o en el del asesinato de Diana Quer.
Contra la Prisión Permanente Revisable
Se trata de una pena especialmente amplia, precisamente, por la gravedad de los hechos que castiga. Y es que la prisión permanente revisable rige para ocho delitos. El asesinato de un menor de 16 años o de víctimas especialmente vulnerables; el asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; el asesinato cometido por un criminal integrado en una organización criminal; el asesinato múltiple; el asesinato terrorista; el homicidio del jefe del Estado o de su heredero; el homicidio de jefes de Estado extranjeros; o el genocidio o crímenes de lesa humanidad.
En su momento, esta pena fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por toda la izquierda: PSOE, IU, Izquierda Plural, CiU, PNV, BNG o Compromís entre ellos. Y su reclamación fue rechazado por el TC.
Pues bien, justo en plena polémica por la ley de Irene Montero, del 'sólo sí es sí' –que ha desprotegido a las víctimas de delitos sexuales con la regulación de penas inferiores en muchos de los casos–, justo en ese momento, vuelve el ataque a esta prisión permanente revisable.
Para los nacionalistas, "la incorporación al Código Penal de la cadena perpetua revisable es una de las decisiones político-criminales más importantes desde el restablecimiento de un sistema jurídico político de libertades en el año 1978, que persigue únicamente una función retributiva y vengativa de la pena, ya superada por las teorías de la humanización de la pena, más propias de los sistemas democráticos maduros y asentados".
La postura del PNV
El PNV va a más y señala que "las posturas que pregonan una mayor seguridad ciudadana y el consiguiente agravamiento de las penas se han puesto en marcha en el Estado español, con irresponsables medidas como la denominada cadena perpetua revisable que pueden llegar a imponerse durante décadas, de forma, a veces, ciertamente indeterminada".
Y aseguran los separatistas en su documento registrado en el Congreso de los Diputados que "el principio de humanización de la pena conduce necesariamente a manifestar el componente de peligrosidad respecto del procesado y sentenciado y procura su reducción y rehabilitación social. El principio también reposa en la "Mínima Intervención del Estado", y en el Derecho Penal como "última ratio legis". Estos principios se concretan en la "Mínima culpabilidad", es decir, la necesidad de descriminalizar ciertos hechos punibles despenalizar los delitos de bagatela y desprisionalizar los establecimientos carcelarios".
Para los socios de Pedro Sánchez, "la pena de prisión permanente revisable, que encubre la pena de prisión de por vida o prisión perpetua, vulnera claramente los elementos nucleares de los principios constitucionales referidos al ordenamiento penal: el principio de legalidad y el mandato de resocialización, ambos contenidos en el artículo 25 CE".
Y, por todo ello, desde el PNV, los separatistas reclaman ahora que se elimine esa pena permanente revisable.