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El Supremo y el TSJ catalán condenan a las universidades catalanas por sus manifiestos separatistas

Los tribunales dan la razón a "Universitaris per la Convivència" y obligan a los claustros a anular los pronunciamientos independentistas.

Los tribunales dan la razón a "Universitaris per la Convivència" y obligan a los claustros a anular los pronunciamientos independentistas.
La carpa de S'ha Acabat! desmontada por los radicales independentistas | S'ha Acabat!

Las universidades catalanas han vulnerado los derechos a la libertad ideológica, a la libertad de expresión, y a la educación como consecuencia de los manifiestos separatistas acordados por los claustros en apoyo a los condenados por el golpe de Estado de octubre de 2017 y a los investigados en el Tribunal de Cuentas por el mismo hecho.

Así la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechaza el recurso de la Universidad de Barcelona y condena al centro por haber aprobado un manifiesto en contra de la sentencia por la asonada independentista, ya que considera que tal texto lesiona las libertades ideológica y de expresión de todos los integrantes de la universidad, el derecho a la educación de sus alumnos, además de poner en peligro la libertad de cátedra.

El panfleto anulado llevaba por título "Manifiesto conjunto de las universidades catalanas de rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y de la judicialización de la política" e incluía todas las falsedades vertidas por los partidos separatistas y sus medios de comunicación en torno al golpe de Estado y contra la sentencia.

El Supremo considera al respecto que "las universidades públicas como Administración Pública institucional y, dentro de las mismas, el Claustro Universitario como órgano de gobierno representativo de una comunidad universitaria plural, no puede adoptar acuerdos que se tengan como voluntad de la Universidad y que se refieran a cuestiones de naturaleza política o ideológica, propias del debate social y político, ajenas al objeto y funciones de la Universidad y que dividen a la ciudadanía".

La entidad "Universitaris per la Convivència", que fue la que denunció el manifiesto ante los tribunales, recuerda que el texto referido se sometió a la aprobación de todos los claustros de las universidades públicas catalanas "en el clima de alta tensión de octubre de 2019 generado por los graves altercados callejeros que siguieron a la sentencia del procés". Y añade: "No nos cabe duda de que la intención de sus promotores era poner al conjunto del sistema universitario catalán al servicio de una causa ideológica todo lo respetable que se quiera, pero partidista y fuertemente divisiva de la ciudadanía, como ahora la sentencia del Tribunal Supremo se encarga de recordar".

Entrega del manifiesto a Torra

La organización recuerda además que los promotores del manifiesto hicieron entrega del mismo al presidente de la Generalidad, Quim Torra en aquel momento, y el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent. "Nunca como entonces resultó tan notorio el lamentable afán de instrumentalizar políticamente nuestras universidades", apunta al respecto la entidad.

La segunda sentencia, la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es relativa a un manifiesto de la Universidad Politécnica de Cataluña contra la actuaciones sancionadoras del Tribunal de Cuentas debidas a las malversaciones llevadas a cabo por consejeros y altos cargos de la Generalidad durante los años del proceso.

El TSJC apunta en su sentencia que "la adopción por parte del claustro universitario de dicha posición ideológica, netamente política, es incompatible con la libertad. Pues supone proclamar, con toda la fuerza, con todo el renombre, con todo el peso de la universidad, una verdad y una posición oficiales que se consideran las aceptables y las compartidas; se margina así la discrepancia… pero más allá de eso se produce una inmisión intolerable en dos ámbitos jurídicos personales de extrema delicadeza (los protegidos por la libertad ideológica y de expresión). Esa inmisión tiene lugar al crearse un clima en el mejor de los casos notablemente desagradable y, en el peor, abiertamente hostil y se condena a vivir en este clima a todo aquel que pueda disentir, pese a que la universidad, como entidad pública que es, debería erigirse en una casa común. Desde cualquier ángulo democrático y de Derecho, esa atmósfera es indeseable. Ataca las sensibles libertades concernidas, constituyendo un ambiente de presión, un ambiente coactivo, en el que el individuo debe elegir entre significarse mediante la callada o significarse mediante el pronunciamiento personal para no ser aglutinado en la posición oficial, y todo ello para un objeto extraño al fin de la institución".

La neutralidad ideológica

"Universitaris per la Convivència" destaca que "las sentencias invocan el principio constitucional de neutralidad ideológica al que están sujetas las universidades en tanto que instituciones públicas y rechazan que la autonomía universitaria pueda suponer cobertura alguna para este tipo de pronunciamientos, puesto que esta autonomía solo puede ejercerse en relación con los fines que son propios de la universidad: la enseñanza y la investigación".

En una carta a modo de reacción a los fallos del TS y el TSJC, la entidad que agrupa a profesores y estudiantes no nacionalistas asegura que "la aprobación de aquel manifiesto conjunto o la declaración del claustro de la UPC no son hechos aislados. Durante la última década, rectores, consejos de gobierno, claustros y demás órganos académicos han venido asumiendo institucionalmente posiciones de marcado carácter partidista. El fenómeno alcanza entre nosotros una dimensión alarmante, por la frecuencia y unilateralidad de los pronunciamientos, que ofrece la imagen de una universidad sumisa a los dictados de instancias políticas externas, todo lo contrario de esa autonomía de la que tanto se presume, pero de la que tanto se carece".

También se alude en la misiva a la Declaración de Stanford sobre Libertad Académica, "Restoring Academic Freedom", aprobada a principios de noviembre y firmada por centenares de profesores universitarios norteamericanos y de otros países. "En ella, como si hablaran de nosotros, muestran su preocupación por el hecho de que 'las universidades y organizaciones profesionales se están inclinando hacia el activismo institucional, político e ideológico. Los departamentos y otros órganos universitarios hacen declaraciones públicas de contenido político, y así estigmatizan como herejes y aun fanáticos a quienes cuestionan sus causas'".

A modo de epílogo, "Universitaris per la Convivència" "reclama de los rectores, y demás órganos de gobierno y representación de las universidades catalanas el cese inmediato de la mala práctica de las declaraciones institucionales de contenido ideológico".

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