Moncloa ordenó a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, "arreglar" las sanciones impuestas a los partidos políticos por financiación ilegal. Tal y como desveló LD, Chicano ha rebajado a escondidas hasta un 40% el importe de las multas por pronto pago.
Esta rebaja encubierta se produce en plena polémica tras la eliminación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del delito de sedición, la reducción de penas a violadores por la Ley del ‘sólo sí es sí’ de Irene Montero o la intención de reformar la malversación. Precisamente, este martes Chicano comparece en la Comisión Mixta del Congreso para hablar sobre una propuesta "relativa a la financiación, la actividad económico-financiera y el control de las formaciones políticas" presentada en julio del año pasado, en la que no figura la rebaja del 40% en las sanciones a los partidos por financiación ilegal.
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital denuncian que "Chicano tenía órdenes expresas de La Moncloa de suavizar las sanciones a los partidos políticos. Era una de las cláusulas secretas del pacto político para la renovación del Tribunal de Cuentas: aliviar la presión sancionadora sobre los partidos y sus fuentes de financiación". Dicho pacto fue alcanzado el año pasado entre el PSOE y el PP que dirigía Pablo Casado.
"La primera solución, modificar la ley en el Parlamento para rebajar las sanciones a los partidos, se consideró políticamente inviable. Sería un escándalo político que los propios partidos se bajaran las sanciones a ellos mismos por Ley y en el Parlamento. Nadie se atrevía a presentar un proyecto de Ley de esa naturaleza en el Congreso de los Diputados. Había que ser más discreto y la solución fue aplicar a los partidos políticos en el Tribunal de Cuentas la misma solución que a los conductores infractores con un descuento de hasta el 40% por pronto pago", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "Chicano despacha habitualmente con el ministro de la Presidencia Félix Bolaños. Una decisión del calibre de rebajar a los partidos las sanciones económicas sin cambiar la Ley, no la toma la presidenta del Tribunal de Cuentas sin consultar con Moncloa, o sin recibir la orden de Moncloa. Bolaños está obsesionado con el Tribunal de Cuentas".
Recordamos que Chicano convocó un Pleno extraordinario el pasado 18 de octubre en el que se aprobó la propuesta para que todos los partidos políticos se beneficien de una rebaja del 40% en sus multas. El problema es que dicha rebaja encubierta está en la Ley de Procedimiento Administrativo, pero el Tribunal de Cuentas no es una administración pública normal, sino un órgano constitucional, que cuenta con su legislación propia (la LOFPP).
El Tribunal de Cuentas no fiscalizó el crowdfunding de Sánchez
Tal y como publicó este diario el pasado mes de febrero, el Tribunal de Cuentas no fiscalizó el crowdfunding de la candidatura de Pedro Sánchez con el que recaudó más de 100.000 euros durante la campaña de primarias del años 2017, que le llevó a liderar el PSOE por segunda vez. Enriqueta Chicano, y la consejera encargada de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos también propuesta por los socialistas, Dolores Genaro, fueron las responsables de dejar fuera de la fiscalización el crowdfunding de Sánchez.
Chicano formaba parte del Pleno en el que se abordó el asunto en el año 2017, mientras Genaro era y es la ponente de los informes de fiscalización de partidos políticos. Por tanto, eran plenamente conocedoras de la carta que remitió el entonces presidente del tribunal, Ramón Álvarez Miranda, instando a la fiscalización del crowdfunding de Sánchez. En su misiva del 28 de marzo de 2017, Álvarez Miranda afirmó literalmente: "En relación con la financiación de los procesos de elección a los órganos de dirección de los partidos políticos, que se trata de una materia que forma parte de la actividad ordinaria de las formaciones políticas, y que, por lo tanto, debe regirse por las normas sobre la financiación de los partidos políticos y está sujeta a la fiscalización del Tribunal de Cuentas". Es decir, la recolecta de Sánchez se debía fiscalizar.