ERC ya ha presentado su propuesta de rebaja de la malversación, que de superar el trámite parlamentario implicaría la inmunidad de todos los altos cargos que aún son investigados por el golpe de Estado separatista y beneficiaría también a los indultados y a los fugados, de Oriol Junqueras a Carles Puigdemont.
La enmienda al Código Penal desmonta la modificación del delito que se aprobó en 2015 a iniciativa del PP y que permitió a los jueces aplicar el delito de malversación a una parte de los gastos del proceso separatista que desembocó en el golpe de Estado de octubre de 2017.
Según la tesis republicana, su propuesta se basa en la disquisición sobre la existencia o no del lucro personal y no permitirá beneficios para los condenados o investigados por corrupción. Muy diferente es la opinión de los juristas, que perciben en la reforma los mismos defectos de la denominada "ley del solo sí es sí" y predicen grandes beneficios penales para quienes han incurrido o puedan incurrir en el futuro en malversación de fondos y patrimonio público.
La propuesta republicana fija una pena de dos a seis años en caso de ánimo de lucro con inhabilitación de entre seis y diez años. A partir de ahí, agravantes relacionadas con la cantidad robada o si el desvío es de fondos para atender circunstancias especiales la prisión iría de los cuatro a los ocho años de cárcel e inhabilitaciones entre diez y veinte años.
Con la supresión de la sedición y las rebajas en la malversación, alrededor de cuarenta altos cargos (una docena de ERC) que aún son investigados en relación al golpe de Estado verían muy reducido su posible horizonte penal, al punto de que podrían ser absueltos de todos lo cargos.
Rebaja también de los desórdenes agravados
Para acallar las críticas de Junts per Catalunya (JxCat), el partido de Puigdemont, a la inclusión del tipo de los "desórdenes públicos agravados", ERC ha aprovechado para presentar otra enmienda que pretende garantizar el derecho de reunión y "descriminalizar" las protestas sociales.
Allá donde el Ejecutivo propone penas de tres a cinco años e inhabilitación de diez a quince años si los acusados son autoridades, ERC pide penas de seis meses a tres años para quienes "actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia causando lesiones a las personas o produciendo daños en las propiedades".
La misma pena, de seis meses a tres años sería de aplicación para quienes "obstaculizando las vías públicas ocasionen un peligro para la vida o integridad física de las personas y a los que "invadiendo instalaciones o edificios provoquen un peligro para la vida o integridad física de las personas".
Es decir, los desórdenes públicos agravados que serían de aplicación al golpe de Estado separatista en sustitución de la sedición, se penalizarían con muchos menos años de cárcel.
Capotazo a los "okupas"
Además, ERC exige la supresión del artículo 557 relativo a las ocupaciones de locales, establecimientos, despachos, oficinas o domicilios porque según el partido de Junqueras y Rufián "no reúnen el suficiente nivel de lesividad como para reclamar la intervención del Derecho Penal pues las ocupaciones pacíficas de locales, establecimientos, oficinas o domicilios no producen una afectación de la paz pública", asegura la formación.