"Se ha hablado mucho del asalto a las instituciones y nunca me había gustado decirlo, pero teniendo en cuenta estas circunstancias hay que empezar a utilizar ese término", ha señalado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el jurista y vocal del Consejo General del Poder Judicial José María Macías ante el enésimo "atropello" del Gobierno de Pedro Sánchez al Poder Judicial.
Macías ha destacado que, de nuevo, el Ejecutivo socialista y podemita ha actuado con "nocturnidad" para llevar a cabo una "barbaridad". Esta vez ha sido en mitad de uno de los puentes festivos más importantes del año. En su asalto al Tribunal Constitucional y el CGPJ, Pedro Sánchez pretende modificar la elección de los miembros de ambos organismo colando unas enmiendas al texto de la reforma del Código Penal que podrían violar artículos de la Constitución Española.
El vocal del CGPJ ha dicho que habrá que saber "en qué se concreta esta iniciativa" una vez que se presente la enmienda, pero ha destacado que "esto se hace cuando se tiene perfecto conocimiento de que se va a votar al candidato que, al parecer, tiene el Gobierno y que no cuenta con los votos suficientes". "Se toma esta iniciativa cuando se conoce eso", ha apuntado.
También ha cargado contra de lo que ha calificado como "el sistema de votación sin mínimos". "Se ofrecen dos candidatos y sólo se puede votar a uno", ha comentado Macías que ha explicado esto "viola mi derecho" en el proceso de elección de los miembros del Poder Judicial y choca contra la Constitución. Además, ha señalado "el descaro y la desvergüenza" de llamar a los jueces "sinvergüenzas en el preámbulo de una Ley".
Piensa que "el CGPJ debería actuar con responsabilidad e institucionalidad" ante las afrentas del Gobierno de Sánchez, pero cree que frente a "un atropello de esa naturaleza no cabe no hacer nada".
"Respeto nulo a la Ley"
Por su parte, en el mismo programa de esRadio el jurista, abogado y ex miembro del CGPJ, Javier Gómez de Liaño, ha reconocido que ha encontrado a José María Macías "más enfadado de lo habitual", pero sabe que "motivos no le faltan".
"Lo que sí se presenta es que estamos ante una corrupción de la Ley y eso también es corrupción", ha explicado Gómez de Liaño sobre el asalto al Poder Judicial del Gobierno de Pedro Sánchez que ha calificado de "arbitrario". El jurista ha dicho que se "lo temía" porque "en los últimos años de esta legislatura nos han demostrado que el respeto a la ley del Gobierno es nulo". "No son legisladores, son mercaderes de la Ley. Alteran su esencia porque desconocen que estas iniciativas tienen un tufo de fraude de ley porque están basadas en intereses particulares", ha añadido.
Para Gómez de Liaño "en este país hay que hacer una revolución judicial porque si nos dejamos atropellar podemos caer en lo que ayer Cristina Fernández de Kirchner hablaba de que había una mafia judicial en Argentina. Aquí estamos a un paso de conseguirlo". El jurista ha comentado cómo "se ha visto el ataque a los jueces y ellos han reaccionado con mucha prudencia. Quizá el CGPJ y la judicatura tendrían que responder con más contundencia", ha señalado. Cree que "una cosa es ser prudentes y otra tener complejos".
Sin "esperanza" en el recurso de Vox
Javier Gómez de Liaño ha apuntado que pese a todos los atropellos desde que sufren desde el Gobierno "tenemos una judicatura extraordinaria" y que toda esta maniobra de acabar con la sentencia del procés "es una ofensa gravísima al Poder Judicial". En este sentido, el jurista ha destacado que "todos los miembros están dando "una lección de equilibrio y moderación propia de su cargo".
Sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional que ha anunciado el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que "con la actual composición del TC no da a lugar a esperanza". Cree que los dos miembros propuestos por el Gobierno de Sánchez, Juan Carlos Campo y Laura Díez, "tendrían que abstenerse a intervenir en este recurso".
Sobre la elección de miembros tanto del CGPJ como del TC ha dicho que "estamos muy próximos a lo que se llama juego de togas" y cree que las personas que los compongan tienen que ser "puramente profesionales" que no tengan vínculos con la política porque "con estos mimbres que estamos construyendo la ciudadanía no va a recuperar la confianza en la Justicia como concepto".