El Ministerio Fiscal ha instado a la apertura de una diligencia de investigación para tratar de aclarar si, como ya señaló el comisario Villarejo, Prisa pagó al entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón alrededor de 300 millones para que frenara el caso Sogecable a finales de los 90. Así consta en las diligencias evacuadas por la Fiscalía y que obran en poder de Libertad Digital tras tomar declaración como perjudicado a Javier Gómez de Liaño hace unos días.
El documento, que ha sido previamente filtrado a otro medio de comunicación, recoge la decisión del Ministerio Fiscal de instar a una investigación tras la declaración de Liaño por tener visos de veracidad al coincidir con la versión que dio en su día el comisario Villarejo, en tanto que Garzón habría recibido una cantidad indeterminada de dinero (según fuentes conocedoras del caso, alrededor de 300 millones de pesetas) para poner punto y final al caso Sogecable y eliminar cualquier rastro.
A partir de ahí, lo que sucedió es cosa conocida: Cebrián recusó a Liaño, y Garzón se hizo con el caso Sogecable que terminó archivando la sección segunda de la Audiencia Nacional donde, oh casualidad, estaba José Ricardo de Prada. Garzón dice que se abstiene en este caso y utiliza su auto de abstención para acusar a Liaño de estar en connivencia con los acusadores del caso Sogecable, lo que termina provocando su condena por prevaricación. Una condena en la que interviene otro de los amigos del PSOE, Enrique Bacigalupo.
¿Por qué tanto revuelo con Sogecable? Hay que remontarse a 1997 cuando el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, el magistrado juez Javier Gómez de Liaño, procesaba a Sogecable (empresa propiedad del grupo Prisa), acusada de apropiación indebida. Supuestamente, el consejo de Sogecable se había quedado con 138 millones de euros de las fianzas depositadas por los clientes de Canal Plus.
En aquel procedimiento, Liaño encausó a Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián, máximos ejecutivos del Grupo Prisa (presidente y Consejero delegado). Y entonces fue cuando comenzó el Vía Crucis del juez Liaño. Le acusaron de falta de imparcialidad, le recusaron, le apartaron del caso y terminaron condenándole acusado de prevaricación continuada. No fue hasta 2008 cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo falló en una sentencia firme de 22 de julio de 2008 de condena a España porque Javier Gómez de Liaño no había sido juzgado y condenado por un tribunal imparcial.
Ahora, las denuncias del comisario Villarejo (que participó en la operación para salvar Sogecable) y la aparición de documentos sobre el caso, han hecho que Gómez de Liaño solicite personarse en el procedimiento como uno de los perjudicados por el espionaje del comisario. Villarejo confesó que fue contratado por el Grupo Prisa para investigar a Liaño y tratar de evitar que siguiese su curso el proceso contra Sogecable.
El relato que hizo en su día Villarejo sobre este asunto, coincide casi punto por punto con la información que aportó en su declaración como perjudicado el pasado 1 de diciembre Javier Gómez de Liaño
Acudió fue citado a la Audiencia Nacional como perjudicado para declarar sobre el caso Sogecable y la supuesta trama puesta en marcha por Prisa y el PSOE para neutralizar el caso y acabar con él como magistrado-juez. En su declaración, Liaño explicó que un hombre, uno de los testigos del caso, Manuel Lozano, le había confesado que él mismo fue el encargado de llevar alrededor de 300 millones de pesetas al despacho del entonces juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.
Una información lo suficientemente relevante, considera ahora la Fiscalía,. Para abrir una investigación y citar a Lozano para que dé su versión de los hechos. El magistrado que lleva el caso en la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ya ha pedido su comparecencia.