La situación de crisis y conflicto entre los responsables del Ministerio del Interior, con Fernando Grande Marlaska a la cabeza, y los principales responsables de los sindicatos de la Policía Nacional han sido una constante desde que el popular magistrado de la Audiencia Nacional decidiese en junio de 2018 dejar a un lado su carrera judicial para entrar de lleno en político. Algo idéntico a lo que ha pasado con los responsables asociativos en el cuerpo hermano de la Guardia Civil.
El último ejemplo de ello ha tenido lugar este jueves, cuando el sindicato mayoritario de la Policía, Jupol, ha acusado a Marlaska de tener a los agentes del cuerpo en una situación de "desprotección", "abandono" y "desamparo" que no habría intentado resolver en ningún momento, pues desde este grupo sindical afirman que tan sólo se han reunido una vez con el ministro en tres años y medio y recuerdan que desembocó en una manifestación en la calle varios días después.
Son cinco los puntos clave en los que el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha centrado su argumentación crítica con el ministro. El primero ha sido la falta de una equiparación salarial real con el resto de las policías autonómicas, después de que tras el primer acuerdo de aumento salarial en tres años no se haya procedido a examinar las diferencias salariales que se mantenían tras ese incremento para seguir con el proceso equiparativo.
El segundo punto destacado ha sido la diferencia en las condiciones de jubilación de los policías estatales con los policías autonómicos, que no sólo cobran menor pensión sino que en caso de prejubilación a los 59 años también sufren una importante pérdida económica; mientras que el tercer punto conflicto gira en torno a la distribución de la jornada laboral y las horas de más que realizan los policiales nacionales.
El cuarto punto en cuestión es la falta de actualización de las dietas que reciben los agentes cuando tienen que abandonar su ciudad de residencia de forma temporal para ejercer sus funciones en otra localidad, que están reguladas por el Gobierno y que no han sido actualizadas desde el año 2005 -una problemática común con la Guardia Civil- y que según los datos de Jupol se habrían quedado con un desfase del 38 por ciento respecto al IPC.
El quinto y último punto son los problemas que se encuentran los agentes con el "uso legítimo de la fuerza" que tienen encomendado y que está afectado por "la desactualización del plan nacional de tiro", por "la falta de un protocolo específico que indique como se debe actuar ante situaciones de extrema gravedad" y "la falta de distribución por parte de la Dirección General de la Policía de las pistolas eléctricas o táser".
"No podemos permitir que cada vez que se usa el arma reglamentaria los agentes acaben imputados por homicidio o por lesiones. Necesitamos seguridad jurídica y un protocolo para el uso de la fuerza y de las armas", ha explicado Aarón Rivera, tras lo que ha recordado la importancia del reparto de táser entre los agentes, de la que Interior compró un millar pero solo ha repartido medio centenar, pues "es un arma intermedia entre la porra y la pistola reglamentaria".